La reciente confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema desató una serie de manifestaciones y tensiones en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Diversos grupos de militantes y organizaciones sociales realizaron cortes en los principales accesos a la capital, como la Autopista Buenos Aires-La Plata, Panamericana y Acceso Oeste, en rechazo a la sentencia que inhabilita a la ex presidenta para ejercer cargos públicos y ordena su detención.

El Tribunal Oral Federal 2, encargado de ejecutar la condena, evalúa actualmente el pedido de la defensa de Kirchner para que la pena se cumpla bajo la modalidad de prisión domiciliaria. El juez Jorge Gorini solicitó un informe socioambiental sobre el domicilio propuesto y pidió la opinión del fiscal Diego Luciani, quien exige la inmediata detención de los condenados. Mientras tanto, la Justicia ordenó reforzar los controles migratorios para evitar una posible salida del país de la ex mandataria.

En paralelo, la ministra de Seguridad destacó el operativo de las fuerzas federales para liberar el tránsito y mantener el orden durante las protestas, que incluyeron quema de neumáticos y enfrentamientos esporádicos con las fuerzas de seguridad. A pesar de la tensión, los cortes fueron levantados tras negociaciones, aunque persistieron algunas demoras y congestión vehicular.

En el plano sindical, la Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un comunicado de apoyo a Cristina Kirchner, pero descartó la convocatoria a un paro nacional, lo que generó críticas de gremios más cercanos al kirchnerismo. Estos sectores preparan nuevas medidas de fuerza y movilizaciones en los próximos días, mientras el oficialismo observa con preocupación el posible aumento de la conflictividad social.

El caso Vialidad, por el que fue condenada Kirchner, es considerado emblemático en la lucha contra la corrupción en Argentina y ha profundizado la polarización política y social. La situación de la ex presidenta, que ya fue víctima de un intento de atentado en 2022, suma complejidad al debate sobre su seguridad y las condiciones de cumplimiento de la pena. El tribunal deberá definir en los próximos días si concede la prisión domiciliaria, en un contexto de alta tensión política y social.