El Congreso argentino se encuentra en el centro de una fuerte controversia tras la emisión de varios decretos por parte del presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que reforman las leyes orgánicas de las principales fuerzas federales. Los decretos, que afectan a la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, han generado un intenso debate entre oficialismo y oposición.

Durante una reunión de la Comisión Bicameral de Seguridad Interior, presidida por el senador Martín Goerling, funcionarios del Ministerio de Seguridad defendieron la legalidad y necesidad de las reformas. Diego Fleitas Ortiz de Rozas, director nacional de Transformación Institucional, aseguró que "en todos los casos se buscó fortalecer un proceso de modernización, profesionalización y actualización de aspectos normativos de más de 50 años". Reconoció, sin embargo, que la reforma de la Policía Federal fue "más estructural" y que se reprodujeron potestades ya vigentes en otras fuerzas.

La oposición, encabezada por diputados y senadores del peronismo y el kirchnerismo, cuestionó la constitucionalidad de los decretos y denunció una extralimitación de las facultades delegadas por la Ley Bases, cuyo plazo ya venció. José Glinski, vicepresidente de la comisión, afirmó: "Hubo una acción expresa de los diputados de quitar la emergencia en seguridad. Sostenemos que las reformas son ilegales porque están hechas bajo una extralimitación del Poder Ejecutivo". Carolina Gaillard, diputada por Entre Ríos, advirtió que los decretos "están viciados de inconstitucionalidad" y adelantó que el Congreso está en condiciones de tratarlos para su posible rechazo.

Entre los puntos más controvertidos de las reformas se encuentran la autorización de detenciones sin orden judicial por hasta 10 horas, el ciberpatrullaje en redes sociales sin control judicial previo y la ampliación de competencias en el campo digital para combatir delitos complejos. El Gobierno argumenta que estas medidas son necesarias para enfrentar nuevas amenazas como el crimen organizado y los ciberdelitos, y que se ajustan a las garantías constitucionales.

El debate también incluyó críticas al mecanismo elegido para implementar los cambios, ya que la oposición considera que debieron ser tratados como proyectos de ley y no por decreto. El diputado Juan Marino preguntó: "¿Por qué decidieron hacer esto por decreto y no mandar proyectos al Congreso?", reflejando la preocupación por la falta de consenso político.

La controversia pone de manifiesto la polarización política y la disputa por el control y la modernización de las fuerzas de seguridad en Argentina. El futuro de los decretos dependerá de la decisión del Congreso, que podría rechazarlos por mayoría simple, devolviendo la situación a la normativa anterior. El desenlace de este debate será clave para el rumbo institucional y jurídico de las fuerzas federales en el país.