El Gobierno de Javier Milei ha implementado cambios significativos en la Ley Nº 27.654, que regula los derechos de las personas en situación de calle. A través del Decreto 373/2025, publicado el lunes 3 de junio de 2025 en el Boletín Oficial, se delega la responsabilidad de asistencia a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, limitando el rol del Estado nacional a la rectoría y coordinación.

La medida modifica los artículos 3, 10 y 12 de la ley, eliminando la obligación de mantener programas nacionales existentes y asignando la autoridad de aplicación a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano. Según el Gobierno, el objetivo es "priorizar el abordaje territorial local" y mejorar la eficiencia en la asistencia a personas en situación de calle.

El artículo 3 establece que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires son ahora responsables inmediatas de la atención directa, mientras que el Estado nacional actuará de manera subsidiaria en casos de insuficiencia de recursos locales. Por otro lado, el artículo 10, que antes estipulaba que el Estado debía garantizar el acceso a una vivienda digna, ahora delega esta responsabilidad a las jurisdicciones locales, en coordinación con la autoridad nacional.

La modificación del artículo 12 elimina la cláusula que obligaba a mantener o integrar programas existentes, lo que podría afectar la continuidad de iniciativas como el Programa Integrar. Este programa, creado en 2023, ofrecía soluciones habitacionales y asistencia integral, y su posible cierre preocupa a organizaciones sociales.

El decreto se publica en un contexto de crisis económica y aumento de personas en situación de calle en Buenos Aires. Según datos oficiales, en noviembre de 2024 había 4049 personas en esta situación, mientras que relevamientos de organizaciones sociales indican cifras mucho mayores.

Organizaciones sociales han criticado la medida, argumentando que podría desarticular programas nacionales y excluir a sectores vulnerables. Horacio Ávila, titular de Proyecto 7, advirtió que la eliminación de ciertos lineamientos de la ley deja fuera a personas con problemas de consumo y diversidad.

El Gobierno defiende la medida como un paso hacia el federalismo y la eficiencia en la gestión de recursos. "La homogeneización de la política en la materia, lejos de ofrecer una solución eficaz, se configura como un instrumento burocrático", señala el decreto.

Expertos y analistas tienen opiniones divididas sobre la efectividad de la descentralización en la atención de personas en situación de calle. Mientras algunos ven la medida como una oportunidad para adaptar las políticas a las necesidades locales, otros temen que la falta de recursos en ciertas provincias agrave la situación.

En conclusión, el Decreto 373/2025 marca un cambio profundo en la política de asistencia social en Argentina, con implicaciones que aún están por verse en la práctica.