El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la segunda revisión del acuerdo con Argentina, lo que permitirá un desembolso inmediato de US$1.000 millones y el acceso a garantías multilaterales por parte del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Esta decisión llega en un contexto de marcada fragilidad económica y debate político sobre la sustentabilidad de la deuda y el rumbo del gobierno de Javier Milei.

El acuerdo, que fue aprobado pese a que el gobierno argentino no cumplió todas las metas pactadas, se vio facilitado por la presión política de Estados Unidos sobre la dirección del FMI. Según fuentes oficiales, el gobierno de Milei logró además garantías adicionales del Banco Mundial por US$2.000 millones y del BID por US$550 millones, lo que permitirá acceder a financiamiento privado en mejores condiciones.

Entre los cambios más relevantes del nuevo entendimiento se encuentra la flexibilización de las metas fiscales: el objetivo de superávit primario se redujo del 2,2% al 1,4% del PBI para 2026, otorgando mayor margen de maniobra al Ejecutivo. Sin embargo, el FMI ajustó a la baja las proyecciones de crecimiento económico, del 4% al 3,5%, y elevó la previsión de inflación del 16,4% al 30,4%, reflejando un escenario más desafiante para la economía argentina.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el acuerdo y destacó la relación de confianza con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. "Ella confió desde el día uno. Me dijo: ‘Dijeron que iban a hacer algo imposible y lo hicieron posible’", relató Caputo tras la reunión en Washington. El funcionario aseguró que el país cuenta con financiamiento suficiente para afrontar los próximos vencimientos de deuda y que la estrategia es refinanciarla a la menor tasa posible.

No obstante, sectores críticos advierten que la deuda total con el FMI, que supera los US$57.000 millones y representa el 41% de la cartera global del organismo, es insustentable y condiciona severamente la política económica. Analistas independientes y economistas opositores señalan que el alivio financiero es temporal y que persisten riesgos de una crisis mayor si no se logra recuperar el crecimiento y estabilizar la economía.

En este contexto, se discute la posibilidad de reestructurar la deuda "excedente político" a través del Club de París, buscando plazos más largos y menores tasas de interés. El futuro del acuerdo y su impacto en la economía argentina dependerán de la capacidad del gobierno para cumplir con los compromisos asumidos y de la evolución de las condiciones internacionales.