El incendio ocurrido en la madrugada del 20 de diciembre de 2025 en la cárcel de Bouwer, Córdoba, terminó con la vida de dos internas, Guadalupe Pedraza y María Flavia Ramallo. El hecho, que se produjo en una celda de aislamiento, ha desatado una serie de denuncias y reclamos por parte de los familiares de las víctimas, quienes exigen una investigación profunda sobre las causas y responsabilidades del trágico episodio.

Según el peritaje de Bomberos, el fuego fue provocado de manera intencional, aunque hasta el momento no se ha determinado quién lo inició. Las familias de las fallecidas sostienen que hubo una demora en la evacuación y omisión de auxilio por parte del personal penitenciario, lo que habría agravado la situación. "Mi hija estaba pagando por un delito que había cometido y me la dieron sin vida, no me la cuidaron como la tenían que cuidar", expresó Valeria Romero, madre de Guadalupe Pedraza, en declaraciones públicas. "A ellas las dejaron morir; a mi hija me la mató el Estado", agregó.

El abogado de la familia, Diego Casado, denunció presiones internas para modificar testimonios y encubrir posibles irregularidades. "Juntaron a todas las jefas de los módulos para decirles que tenían que cambiar su versión de los hechos y las que no se prestaron a eso sufrieron alguna represalia", afirmó Casado. Además, la querella señala la presencia de colchones altamente inflamables, la supuesta existencia de un encendedor en la celda y la falta de funcionamiento de los matafuegos como factores que contribuyeron al desenlace fatal.

El Ministerio de Justicia de la Provincia, responsable del Servicio Penitenciario, ha evitado realizar declaraciones públicas, argumentando que la causa está bajo investigación judicial. No obstante, desde la cartera niegan las condiciones irregulares denunciadas por la querella.

El caso de Bouwer se suma a otras muertes recientes en cárceles cordobesas, lo que ha puesto en evidencia problemas estructurales como el hacinamiento, la falta de agua y la deficiente seguridad en los penales. La investigación judicial deberá determinar si existieron responsabilidades penales y civiles por el incendio y si las irregularidades denunciadas se confirman en el expediente. Mientras tanto, el reclamo de justicia y esclarecimiento continúa vigente entre los familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos.