Policías y penitenciarios de la provincia de Río Negro anunciaron un acampe por tiempo indefinido frente a la Casa de Gobierno en Viedma, tras rechazar la última oferta salarial presentada por el gobierno provincial. La medida, impulsada por el Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario, surge en un contexto de creciente tensión social y tras el antecedente de la protesta policial en Santa Fe.

El principal reclamo de los uniformados es la fijación de un haber inicial mínimo de $1.800.000, cifra que consideran indispensable para cubrir las necesidades básicas de los agentes y sus familias. La propuesta oficial, que contempla un aumento total del 6,79% (5,2% por inflación y 1,5% adicional específico para el sector), eleva el haber inicial a $1.417.366, monto que los representantes policiales consideran insuficiente. Además, el pago del aumento será escalonado en cuotas y se suma un bono no remunerativo de $250.000, también en dos tramos.

Rubén Muñoz, referente del sector, advirtió que la situación es crítica: “Muchos agentes están bajo riesgo de desalojo por atrasos en alquileres y algunas familias no logran asegurar la alimentación básica”. El Consejo también exige la eliminación de ítems "en negro" en los salarios, que según denuncian, afectan la obra social y perjudican a los retirados.

El conflicto se intensificó tras el estancamiento del diálogo con las autoridades provinciales. El Consejo de Bienestar Policial estableció contactos con la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR) para coordinar acciones conjuntas, ampliando el frente de protesta entre distintos sectores estatales. Por su parte, el gobierno provincial defiende el esquema de aumentos y bonos, argumentando que la actualización está ligada a la evolución del índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional y local.

La protesta policial en Río Negro se inscribe en un contexto más amplio de reclamos salariales en el sector público, con gremios docentes y de la salud también manifestando su descontento. El desenlace del conflicto dependerá de la reapertura de negociaciones y de la capacidad del gobierno para dar respuestas a las demandas de los trabajadores estatales.