El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, se presentó en los tribunales de Mar del Plata para defender el accionar de la Patrulla Municipal tras ser denunciado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). La denuncia, que incluye un habeas corpus, acusa al municipio de hostigamiento, represión y abuso de poder contra personas en situación de calle y trabajadores informales, como cuidacoches y limpiavidrios.

Montenegro, acompañado por sus secretarios de Seguridad y Desarrollo Social, rechazó las acusaciones y afirmó que su administración está comprometida con la seguridad de los marplatenses. "Defendemos al que trabaja, no a los delincuentes", declaró el intendente, quien también acusó a la CPM de proteger a personas que generan caos en la ciudad. Según Montenegro, el 80% de las personas identificadas en los operativos no son residentes de Mar del Plata y han sido enviadas para desestabilizar el orden público.

La CPM, por su parte, sostiene que la Patrulla Municipal actúa fuera de la ley, excediendo sus competencias y realizando funciones policiales. Roberto Cipriano García, secretario ejecutivo de la CPM, presentó videos como evidencia de presuntos abusos, incluyendo agresiones físicas y confiscación de pertenencias. "Queremos que se respeten los derechos humanos y que la justicia ponga un límite a estas acciones", afirmó García.

El conflicto entre el municipio y la CPM no es nuevo. En el pasado, la comisión ha denunciado operativos similares, incluyendo desalojos en la Zona Roja y acciones contra tomas de terrenos. Montenegro, sin embargo, se mantiene firme en su postura y asegura que continuará con su política de seguridad. "El espacio público es para el que trabaja, no para el que comete delitos", reiteró.

La audiencia judicial no logró resolver el conflicto, y el juez de Garantías deberá decidir sobre el habeas corpus en los próximos días. Mientras tanto, el debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos humanos sigue dividiendo opiniones en Mar del Plata.