El fallecimiento de Thiago Correa, un niño de 7 años que recibió un disparo en la cabeza durante un tiroteo entre un policía federal y un grupo de asaltantes en Ciudad Evita, La Matanza, generó conmoción y reavivó el debate sobre la seguridad y el uso de la fuerza en la Argentina.

El hecho ocurrió el miércoles 4 de junio por la noche, cuando el oficial Facundo Aguilar Fajardo, de 21 años, se encontraba de civil y acompañado por su madre en una parada de colectivo. Según su declaración, fue abordado por cuatro delincuentes armados que intentaron robarle. Temiendo por la vida de su madre y la suya, el agente respondió con al menos 10 disparos. Una de las balas recorrió casi 200 metros e impactó en la cabeza de Thiago, quien esperaba el colectivo junto a su padre.

Thiago fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños de San Justo, donde permaneció internado en estado crítico hasta su fallecimiento el viernes por la noche. Su padre, visiblemente afectado, pidió justicia y respeto en una breve declaración ante los medios.

El oficial Aguilar Fajardo fue detenido por exceso en la legítima defensa, mientras que dos de los asaltantes resultaron heridos y uno murió en el lugar. Las autoridades hallaron un arma de juguete entre los objetos de los delincuentes, lo que complicó aún más la investigación.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió públicamente al policía y responsabilizó a los delincuentes por la tragedia. "Los responsables directos son los delincuentes. Si no hubieran salido a robar, hoy no habría ninguna familia destruida", afirmó. Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof calificó el hecho como "una tragedia irreparable" y pidió que la Justicia esclarezca los hechos y determine responsabilidades.

El caso generó un fuerte impacto social y político, con pedidos de cambio de carátula para los asaltantes y debates sobre la actuación policial. La Matanza, escenario del hecho, es una de las zonas más afectadas por la inseguridad en el país, lo que refuerza la preocupación pública sobre la violencia y la necesidad de políticas integrales de seguridad.

La investigación continúa para determinar las responsabilidades penales y esclarecer las circunstancias que llevaron a la muerte de Thiago Correa, mientras la sociedad exige justicia y respuestas ante una nueva tragedia vinculada a la inseguridad.