La reforma previsional impulsada por el gobierno de Entre Ríos ha generado un intenso debate entre representantes del Poder Judicial, exfuncionarios y legisladores provinciales. El proyecto, que busca modificar el sistema de jubilaciones y pensiones, es visto por distintos sectores como una medida necesaria pero polémica, especialmente por su impacto en los haberes de futuros jubilados y la sustentabilidad del sistema.

Desde el Poder Judicial, magistrados y funcionarios han manifestado su preocupación por lo que consideran diagnósticos erróneos y prejuicios sobre supuestos privilegios jubilatorios. "El dato básico que debe quedar claro es que magistrados, funcionarios y empleados judiciales aportan al mismo sistema previsional que el resto de la Administración Pública provincial", señalaron fuentes consultadas, rechazando la existencia de un régimen especial para el sector. Además, subrayan que la estructura judicial representa menos del 5% del universo previsional y que su peso en el déficit es marginal.

Por su parte, el ex presidente de la Caja de Jubilaciones, Edgardo Scarione, calificó la reforma como "deshumanizante" y advirtió que afectará principalmente a jubilados de ingresos medios y bajos. "Vamos a tener una sociedad un poco más empobrecida. No le va a afectar al que gana 10 millones, 8 millones o 15 millones; le va a afectar al que gane un millón y medio", afirmó Scarione, quien también cuestionó la falta de información técnica y de consenso en la elaboración del proyecto.

Daniel Elías, ex titular de la Caja y coautor de la ley vigente, coincidió en la necesidad de una reforma, pero advirtió sobre inconsistencias en la redacción y el impacto negativo de calcular los haberes sobre los últimos 20 años de aportes. "Si llevamos a 20 años, el promedio de la jubilación se reduciría entre un 15 y un 20%, seguro", explicó Elías, quien propuso la creación de una comisión permanente para el análisis y seguimiento del sistema.

El debate se da en un contexto de déficit previsional histórico, con advertencias desde los años 90 y sin reformas estructurales implementadas. Legisladores oficialistas y opositores reconocen la gravedad del problema, pero difieren en las soluciones y el enfoque. Mientras tanto, la discusión legislativa promete extenderse, con reclamos de mayor transparencia, información y participación de todos los sectores involucrados.