La Cámara de Diputados de Salta otorgó media sanción a un proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo provincial a ceder en comodato, por 25 años, 8,8 hectáreas de la reserva Finca Las Costas al Tigres Rugby Club. La medida, que busca ampliar las instalaciones del club en San Lorenzo, incluye la creación de canchas deportivas y un compromiso ambiental de plantar mil árboles, además de la entrega de becas a jóvenes del interior.

La decisión legislativa generó un fuerte conflicto con la comunidad indígena Lule, que denuncia un intento de despojo territorial y la falta de consulta previa, tal como exige la normativa nacional e internacional sobre derechos indígenas. David Torres, presidente de la comunidad, afirmó: “Van a tomar tierras que son de la Comunidad, la van a dar a una entidad privada”, y anunció un plan de lucha y acciones de visibilización.

En paralelo, el diputado provincial Adrián Valenzuela denunció haber recibido amenazas contra él y su familia tras la votación, a pesar de no haber apoyado el proyecto. “Está mi familia amenazada y hay denuncia policial y judicial”, declaró, solicitando medidas de restricción para proteger a su entorno.

El Ministerio Público Fiscal de Salta intervino para aclarar que desde 2020 existe un amparo colectivo en trámite que protege la reserva y prohíbe ocupaciones ilegales. Según la fiscalía, la fracción cedida no tiene ocupantes y el proyecto no vulnera derechos colectivos ni individuales, enmarcándose en una gestión ordenada y controlada del área protegida.

El debate público se intensificó con críticas de sectores sociales y medios que acusan a la Legislatura de favorecer intereses de élite bajo argumentos de función social y ecológica. El oficialismo, por su parte, sostiene que la iniciativa responde a necesidades deportivas y ambientales, y que el comodato puede ser revocado si no se cumplen los fines establecidos.

El conflicto pone en evidencia las tensiones históricas por la tenencia y uso de tierras públicas en Salta, y anticipa nuevas instancias de debate y judicialización en torno a la protección de derechos indígenas y la gestión de bienes comunes.