Un caso de robo de identidad y estafas millonarias sacude a la provincia de San Juan y expone graves falencias en los controles de documentación oficial. Fernando, un hombre de Buenos Aires, descubrió en marzo que había sido víctima de una maniobra fraudulenta: alguien había gestionado un nuevo ejemplar de su DNI en San Juan y, con ese documento, contrajo deudas por más de 60 millones de pesos a su nombre.

La situación de Fernando no es aislada. Un caso similar en Tandil, donde un vecino fue estafado por más de 11 millones de pesos, disparó una investigación federal que terminó con la detención de Natalia Castillo, jefa del área de DNI del Registro Civil de Pocito, y otros tres sospechosos. Según la investigación, la banda accedía ilegalmente a las bases de datos del RENAPER y emitía documentos apócrifos para luego solicitar créditos y realizar compras en nombre de terceros.

El drama para Fernando comenzó cuando empezaron a llegarle reclamos de bancos y financieras por deudas que nunca había contraído. “Hasta que no recibí mi nuevo DNI, ejemplar C, no podía salir del país, votar ni anotar a un hijo recién nacido. Y, si me moría, no se podía certificar que era yo”, relató la víctima. Para probar su identidad, debió presentarse en la sede central del RENAPER con documentación familiar y realizar un extenso trámite.

La Justicia federal, a cargo del fiscal Fernando Alcaraz, ordenó la detención de Castillo y de otros tres implicados, entre ellos Rolando Javier “El Narigón” Navarro Saide, su hijo Rodrigo Navarro Pozo y Marcos Esteban Vallejo. En la casa de la funcionaria se secuestraron 162 DNI, que ahora están bajo pericia. El juez dictó prisión preventiva para Castillo, mientras que otros implicados recuperaron la libertad tras pagar fianzas.

El RENAPER admitió la emisión irregular del DNI, lo que permite a Fernando demostrar que no contrajo las deudas, aunque aún no ha sido liberado de todas las obligaciones financieras. El caso generó una ola de críticas a la administración pública y puso en alerta sobre la seguridad de los datos personales en Argentina. La investigación continúa para determinar el alcance total de las estafas y la posible existencia de más víctimas.