Una grave crisis sanitaria sacude a la Argentina tras la muerte de 34 pacientes por la administración de fentanilo contaminado, un potente opioide utilizado en terapias intensivas. La investigación, encabezada por el juez federal Ernesto Kreplak, apunta a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, responsables de la elaboración y distribución de los lotes sospechados. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) clausuró ambas firmas y prohibió la producción de medicamentos tras confirmarse la presencia de bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii en las ampollas.

El caso salió a la luz en abril, cuando el Hospital Italiano de La Plata detectó varios fallecimientos tras la administración del fármaco. La denuncia formal ante ANMAT se realizó el 2 de mayo, y desde entonces se identificaron casos en hospitales de La Plata, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, Rosario y Balcarce. El Instituto Malbrán corroboró la contaminación bacteriana, lo que llevó a la inmediata retirada de los lotes afectados y a la suspensión preventiva de productos de otros laboratorios, como Farmagroup, por parte del Ministerio de Salud provincial.

En el Congreso, diputados del PRO presentaron un proyecto para crear una comisión especial investigadora, argumentando la necesidad de esclarecer posibles vínculos políticos y empresariales en torno a los laboratorios implicados. "La salud pública es un bien supremo que el Estado tiene el deber irrenunciable de proteger", afirmó la diputada Silvana Giudici, quien denunció presuntas conexiones entre empresarios y funcionarios.

Mientras tanto, la investigación judicial avanza con allanamientos, toma de declaraciones y análisis de la trazabilidad de los medicamentos. El director del hospital de Balcarce, Gabriel Angelini, señaló que si bien se utilizó el lote cuestionado, aún se esperan peritajes para confirmar si la muerte de un paciente local está directamente relacionada con el fentanilo contaminado.

El escándalo ha puesto en jaque la confianza en el sistema de control de medicamentos y ha reavivado el debate sobre la transparencia y la responsabilidad en la cadena de producción y distribución farmacéutica. Las consecuencias políticas y sanitarias continúan desarrollándose, mientras la justicia y el Congreso buscan esclarecer los hechos y evitar nuevas tragedias.