La Inspección General de Justicia (IGJ) oficializó la creación del Sistema Online de Documentación Abierta (S.O.D.A.), una plataforma digital que permitirá la tramitación electrónica de la documentación presentada por sociedades, asociaciones civiles y fundaciones. La medida, establecida mediante la Resolución General IGJ Nº 7/2026 y la Resolución General 9/2026, busca reemplazar progresivamente los procedimientos presenciales y en papel por un sistema completamente digital.

A partir del 2 de julio de 2026, la IGJ habilita la presentación de trámites a través de S.O.D.A., con acceso mediante Clave Fiscal de ARCA nivel 3 o superior, que funcionará como firma electrónica. Las presentaciones digitales tendrán los mismos efectos jurídicos que las realizadas en soporte papel, y cada trámite generará un expediente electrónico y un acuse de recibo inmediato. La interoperabilidad con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA permitirá la importación automática de datos, agilizando aún más el proceso.

La resolución también reduce la documentación exigida y elimina una serie de requisitos administrativos, en línea con el objetivo de simplificar la gestión y reducir las cargas burocráticas. "Simplificar no es desregular por desregular", sostuvo la IGJ en los fundamentos de la norma, subrayando que los requisitos eliminados no cumplían una función adicional de tutela y solo imponían costos desproporcionados.

La implementación del sistema será progresiva, conforme a un cronograma que la IGJ irá publicando. Mientras tanto, los trámites no incorporados al S.O.D.A. continuarán rigiéndose por el procedimiento tradicional. Para estudios contables y jurídicos, la digitalización implica la necesidad de adaptar sus procesos internos y prestar especial atención a la constitución del domicilio electrónico, ya que las notificaciones tendrán plena validez legal.

La medida se inscribe en un proceso más amplio de modernización administrativa y digitalización de la gestión pública, que busca facilitar el cumplimiento formal y reducir barreras de acceso para entidades y profesionales. Se espera que la nueva plataforma contribuya a una mayor eficiencia y transparencia en la fiscalización de la IGJ.