El 28 de junio de 1966, la historia argentina vivió un nuevo quiebre institucional con el golpe de Estado que derrocó al presidente Arturo Illia. En la madrugada de ese día, efectivos militares rodearon la Casa Rosada y, tras horas de tensión, Illia fue desalojado de su despacho a las 7:30, resistiendo hasta el último momento sin recurrir a la violencia. “Acá no hay que derramar sangre. No le doy la autorización, porque el país necesita paz”, expresó el mandatario, quien priorizó la integridad nacional por sobre su permanencia en el poder.

El golpe fue encabezado por el general Julio Alsogaray y otros altos mandos militares, quienes justificaron la destitución alegando una “legalidad formal y estéril” y la necesidad de restablecer el orden. El Congreso, las legislaturas provinciales y los partidos políticos fueron disueltos, y la Corte Suprema reemplazada. La asunción de Juan Carlos Onganía como presidente de facto marcó el inicio de una dictadura que se prolongaría durante años, caracterizada por la represión y la censura.

Durante su gestión, Illia se destacó por su honestidad, austeridad y defensa de la democracia. Sancionó leyes fundamentales como la del salario mínimo, vital y móvil, y la ley de medicamentos, y promovió la libertad gremial y la apertura política. Sin embargo, su gobierno enfrentó una fuerte campaña de desprestigio, presión sindical y la indiferencia de amplios sectores sociales.

El golpe de 1966 es considerado el inicio de una etapa oscura en la historia argentina, con consecuencias profundas: represión, exilio, crisis económica y el surgimiento de nuevos movimientos sociales y armados. Illia, tras su derrocamiento, volvió a ejercer la medicina y mantuvo una vida austera, siendo recordado como un ejemplo de civismo y honestidad. Su legado es hoy reivindicado como símbolo de los valores democráticos que la sociedad argentina busca preservar.