La reforma constitucional de Santa Fe dio un paso significativo al declarar la Caja de Jubilaciones provincial como "intransferible", asegurando que sus fondos y administración permanezcan bajo control exclusivo de la provincia. Esta decisión fue el resultado de intensos debates entre los bloques políticos y una fuerte presión de los sindicatos estatales, quienes se movilizaron masivamente para exigir la protección de los derechos previsionales de los trabajadores y jubilados.

El nuevo texto constitucional establece que el sistema previsional de los agentes públicos del Estado provincial se financia mediante un mecanismo de reparto solidario de carácter público, administrado por un órgano intransferible. Además, los recursos que integran el patrimonio de las cajas de seguridad social son intangibles y no pueden destinarse a otros fines, lo que refuerza la autonomía y estabilidad del sistema.

La convencional Lucila De Ponti, del bloque Más para Santa Fe, destacó que "es un logro que mejora sustancialmente el texto constitucional, porque el artículo original no declaraba como intransferible a la Caja y no protegía correctamente los recursos de los trabajadores activos y pasivos. Ahora sí lo empieza a hacer". Por su parte, Marcelo Lewandowski, de Activemos, respaldó la inclusión del término aunque señaló que "no está la palabra movilidad, que sí estaba en el texto original. Es un buen cambio pero no es completo".

El proceso de negociación incluyó tensiones internas en el oficialismo, especialmente en el bloque Unidos, que inicialmente defendía el término "indelegable". Sin embargo, la presión social y gremial, sumada a la proximidad de elecciones, llevó a un cambio de postura. El acuerdo final fue firmado por la mayoría de los bloques, con excepción de La Libertad Avanza.

Desde los sindicatos, la medida fue celebrada como un triunfo histórico. UPCN expresó que "el carácter intransferible de nuestra Caja de Jubilaciones asegura previsibilidad, defensa del sistema solidario y compromiso con las futuras generaciones". Amsafé, por su parte, afirmó que "la Caja constituye un patrimonio colectivo e irrenunciable, fruto de décadas de aportes de trabajadoras y trabajadores activos y jubilados, que no puede quedar sujeta a privatización, transferencia ni vaciamiento que ponga en riesgo derechos adquiridos".

El blindaje constitucional de la Caja de Jubilaciones se da en el marco de una reforma más amplia, que también aborda temas como la reelección del gobernador. El consenso alcanzado es visto como un avance en la protección de los derechos previsionales y la autonomía provincial, aunque persisten demandas gremiales por mayores garantías y la derogación de reformas previas.