Alberto Barnada, un comerciante jubilado de 77 años, fue condenado a tres años de prisión condicional por transportar 500 kilos de dinamita sin autorización a través de varias provincias argentinas. El caso, que generó alarma por el riesgo potencial para la seguridad pública, se resolvió esta semana en el Tribunal Oral Federal de Paraná.

El hecho ocurrió en junio de 2024, cuando Barnada fue detenido en un control policial de rutina en el Puesto Caminero Santa María, cerca de Cerrito, Entre Ríos. El hombre, que viajaba desde Córdoba hacia Misiones, llevaba en la caja de su camioneta 20 cajas con Gelamón V.F. 65%, un explosivo de alto poder utilizado en minería y construcción. Al ser interrogado, Barnada intentó justificar la carga diciendo que transportaba agroquímicos, pero la inspección policial reveló la verdadera naturaleza del cargamento.

La fiscalía, encabezada por José Ignacio Candioti, subrayó la gravedad del hecho, señalando que la cantidad de dinamita transportada superaba la utilizada en el atentado a la AMIA. Además, destacaron que Barnada cruzó el túnel subfluvial entre Paraná y Santa Fe, donde está terminantemente prohibido el paso de materiales explosivos por el riesgo que implica para la infraestructura y la vida humana.

Durante el juicio, la defensa de Barnada argumentó que la ausencia de detonadores hacía el material inofensivo y solicitó la absolución o una condena condicional. Sin embargo, bomberos y expertos en explosivos declararon que la falta de medidas de seguridad en el transporte representaba un peligro real. El propio Barnada reconoció ante el tribunal que no contaba con la documentación ni las habilitaciones requeridas para el traslado.

La jueza federal Noemí Berros dictó una condena de tres años de prisión condicional, una pena menor a la solicitada por la fiscalía, que había pedido cuatro años de cumplimiento efectivo. Además, se dispuso el decomiso de la camioneta y se ordenó investigar el destino final de los explosivos incautados. El caso puso en evidencia la necesidad de reforzar los controles y la regulación sobre el transporte de materiales peligrosos en el país.