El youtuber e influencer Eduardo Miguel Prestofelippo, conocido como "El Presto", fue procesado por la Justicia federal argentina bajo la acusación de promover la discriminación religiosa contra la comunidad islámica. La decisión fue tomada por el juez Marcelo Martínez De Giorgi, quien consideró que las expresiones vertidas en un video publicado en febrero de 2025 en la cuenta de YouTube del acusado superaron los límites de la libertad de expresión protegida por la Constitución Nacional.

La causa se inició tras una denuncia presentada por el Centro Islámico República Argentina, motivada por el video titulado “Musulmanes en la TV abierta Argentina: ¿PELIGRO EN PUERTA?”, que alcanzó cerca de 160 mil visualizaciones. En el material, Prestofelippo se refirió en términos despectivos y ofensivos tanto a la religión musulmana como a quienes la profesan, utilizando frases como “cultura inmunda y repulsiva” y calificativos como “extremistas, basuras inmundas”.

El juez De Giorgi sostuvo en su fallo que las manifestaciones del youtuber “acarrean una objetivación de los colectivos sociales y religiosos alcanzados, que conduce sin más a negarles la subjetividad humana o a asignarles una de naturaleza inferior”. Además, subrayó que el medio y el modo elegidos para la difusión excedieron ampliamente el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.

El procesamiento incluyó un embargo de 60 millones de pesos sobre los bienes de Prestofelippo. Inicialmente, el fiscal federal Eduardo Taiano había solicitado desestimar la causa por considerar que los hechos no constituían delito, pero la Cámara Federal ordenó continuar la investigación tras la apelación del denunciante.

El fallo se encuadra en la Ley Antidiscriminación argentina, que sanciona la promoción de ideas basadas en la superioridad de un grupo religioso. El juez citó jurisprudencia que establece límites a la libertad de expresión cuando se utiliza para atacar a grupos protegidos por la ley.

El caso ha reavivado el debate sobre los alcances de la libertad de expresión y la responsabilidad de los comunicadores en redes sociales, marcando un precedente en la aplicación de la legislación antidiscriminatoria en el ámbito digital.