La Justicia argentina mantiene abiertas varias investigaciones que involucran a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y sus principales directivos por presunto lavado de activos, administración fraudulenta y evasión tributaria. El caso más relevante gira en torno a una mansión ubicada en Pilar, valuada en más de 17 millones de dólares, atribuida a jerárquicos de la AFA y registrada a nombre de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, considerados supuestos testaferros.

La disputa por la competencia territorial entre el juzgado penal económico porteño, a cargo de Marcelo Aguinsky, y el juzgado de Campana, dirigido por Adrián González Charvay, ha escalado en los últimos días. Mientras la defensa de Pantano solicita que el expediente pase a Campana, la fiscalía y el juez Aguinsky insisten en que la causa debe permanecer en la jurisdicción porteña, dado que el objeto principal de la investigación es el accionar de las autoridades de la AFA, cuya sede está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Entre las pruebas más contundentes figura el uso de una tarjeta corporativa de la AFA por parte de Pantano, con gastos mensuales cercanos a los 50 millones de pesos, destinados a trámites vinculados a los vehículos de alta gama hallados en la propiedad. La investigación busca esclarecer el origen de los fondos utilizados para la compra de la mansión, los automóviles y el mantenimiento de los bienes, así como el posible vínculo con otras operaciones financieras y societarias en el país y el exterior.

La causa acumula casi 4.000 páginas de evidencia y ha motivado allanamientos en sedes de la AFA y domicilios de empresarios relacionados, además de pedidos de información financiera internacional. Paralelamente, se investiga la presunta retención indebida de aportes previsionales por más de 17 mil millones de pesos, lo que llevó a la imputación formal del presidente de la AFA, Claudio Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, el secretario general Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo.

La feria judicial de enero fue habilitada de manera excepcional para que las investigaciones continúen sin interrupciones, dada la urgencia y el estado avanzado de las diligencias. La Cámara Federal de San Martín deberá resolver en las próximas semanas la disputa de competencia, lo que definirá el rumbo de la causa y la profundización de las medidas de prueba sobre el flujo de fondos y las responsabilidades de los directivos involucrados. El caso se conecta con otras investigaciones sobre irregularidades en el fútbol argentino y operaciones financieras sospechosas, reflejando la complejidad y el alcance de las maniobras bajo análisis.