La compra del departamento del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el barrio porteño de Caballito, se encuentra bajo la lupa judicial tras la declaración de la escribana Adriana Nechevenko. Según su testimonio ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, Adorni adquirió la propiedad en noviembre de 2025 por un valor de 230.000 dólares, de los cuales pagó 30.000 en efectivo y el resto en cuotas sin interés a dos jubiladas, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes además figuraron como acreedoras de la hipoteca.

La operación, calificada por la escribana como una "compraventa con hipoteca por saldo de precio", no implicó un préstamo de dinero en efectivo, sino un acuerdo de pago financiado directamente por las vendedoras. Esta modalidad, poco habitual en el mercado inmobiliario, despertó el interés de la fiscalía, que busca determinar la lógica económica detrás de un esquema sin intereses y verificar si los fondos utilizados por Adorni y su esposa se corresponden con sus ingresos declarados.

En paralelo, la Justicia ordenó allanar tres sucursales de la inmobiliaria Rucci, involucrada en la comercialización del inmueble, para secuestrar documentación relevante. El exfutbolista Hugo Morales, anterior propietario, declaró que vendió el departamento por debajo del valor de mercado debido a su estado de deterioro y la dificultad para encontrar comprador.

La investigación también abarca otras operaciones inmobiliarias de Adorni, incluyendo la hipoteca de un departamento en Parque Chacabuco, mediante la cual obtuvo un préstamo de 100.000 dólares de dos policías federales, con un interés del 11% anual. Con esos fondos, su esposa adquirió una propiedad en el country Indio Cuá.

Desde la Casa Rosada, se destacó que la declaración de la escribana confirma la legalidad de las operaciones y que no existen otras transacciones inmobiliarias no declaradas. Sin embargo, la fiscalía avanza con nuevas citaciones y peritajes contables para esclarecer la evolución patrimonial del funcionario y su esposa. El caso, originado por una denuncia de la diputada Marcela Pagano, reaviva el debate sobre la transparencia y el control patrimonial de los altos funcionarios públicos.