El fiscal federal Diego Luciani denunció que Lázaro Báez, empresario condenado por corrupción, habría intentado transferir parte de su fortuna a través de su novia, Claudia Insaurralde, con el objetivo de evitar el decomiso judicial de sus bienes. El episodio que despertó las sospechas ocurrió el 24 de junio en la prisión de Río Gallegos, donde Báez cumple condena por las causas Vialidad y "La Ruta del Dinero K".

Según la denuncia, Insaurralde intentó ingresar al penal con documentos relacionados con propiedades de Báez, argumentando que necesitaba su firma. Los penitenciarios retuvieron los papeles y consultaron al tribunal oral federal, que avaló su proceder y recomendó que este tipo de trámites se realicen por vías judiciales. Luciani comunicó sus sospechas al tribunal y solicitó que se acelere el decomiso de más de 84.000 millones de pesos, cifra que representa el perjuicio al Estado por hechos de corrupción en la obra pública.

El entorno de Báez negó que existiera una maniobra para desprenderse de bienes y explicó que la documentación era para designar nuevos abogados defensores, ya que uno de los letrados debía ausentarse del país. "Al entrar como visita, uno no puede llevar nada encima; por eso la señora explicó que ella ingresaba como apoderada y exhibió el poder", señalaron allegados al empresario.

La causa involucra también a Cristina Kirchner y otros exfuncionarios, sobre quienes pesan embargos y pedidos de decomiso de bienes, incluso si están a nombre de familiares. La Justicia busca recuperar hasta 500 millones de dólares desviados, incluyendo 174 propiedades embargadas a Báez y 26 a la expresidenta.

La fiscalía sostiene que el decomiso es fundamental para evitar que los condenados se beneficien del delito y para enviar un mensaje claro a la sociedad sobre la lucha contra la corrupción. El caso reaviva el debate sobre la efectividad de la Justicia en la recuperación de activos públicos y la prevención de la impunidad en casos de corrupción de alto perfil.