El inicio del ciclo lectivo 2026 en universidades y colegios preuniversitarios de Argentina se ve afectado por un paro nacional de docentes y nodocentes, convocado por gremios como CONADU, ADUNSE y CTERA. La medida de fuerza, que comenzó con una huelga de 48 horas los días 27 de febrero y 2 de marzo, se profundizará con una semana completa de paro entre el 16 y el 22 de marzo, en respuesta a la falta de acuerdo salarial y presupuestario con el Gobierno nacional.

Los sindicatos reclaman una recomposición salarial que supere la inflación, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya modificación es impulsada por el Ejecutivo. "La situación salarial actual afecta la sostenibilidad de la educación pública", señaló Manuel Rodríguez, secretario de organización de Adulp, mientras que desde la federación nacional se denuncia una pérdida de más del 50% del poder adquisitivo desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

El ministro de Educación, José Goity, ratificó el inicio del ciclo lectivo el 2 de marzo y confirmó que se aplicarán descuentos a quienes adhieran al paro. Sin embargo, el acatamiento a la medida es alto: en la Universidad Nacional de La Plata, el 98% de los nodocentes se sumaron, y en otras instituciones la adhesión también es significativa. El conflicto se extiende a al menos 15 provincias, incluyendo Buenos Aires, Santiago del Estero y Rosario, donde gremios locales confirmaron su participación y el inicio de clases se ve demorado.

Las acciones gremiales incluyen asambleas, movilizaciones hacia el Congreso y actividades de visibilización, como la instalación de carpas docentes itinerantes. El plenario de secretarios generales de CONADU resolvió que, de no mediar una respuesta favorable, se profundizarán las medidas durante el cuatrimestre, con la posibilidad de avanzar hacia una huelga por tiempo indeterminado.

El conflicto universitario se enmarca en un contexto de ajuste presupuestario y reformas laborales que generan preocupación entre los trabajadores de la educación. Los gremios advierten que la continuidad de la protesta dependerá de la evolución de las negociaciones y del tratamiento legislativo de los proyectos oficiales. La unidad sindical y la solidaridad entre distintos sectores educativos marcan el tono de una disputa que podría extenderse en el tiempo, con implicancias para el sistema universitario y la educación pública en general.