El caso de la criptomoneda $LIBRA, que sacudió el escenario financiero argentino a principios de 2025, ha escalado a instancias judiciales internacionales. Cuatro fondos acreedores de la deuda soberana argentina, que obtuvieron una sentencia favorable por más de 1.500 millones de dólares en Londres, han solicitado a la justicia de Estados Unidos acceso al expediente del caso $LIBRA. Su objetivo es identificar y eventualmente embargar criptoactivos congelados en el marco de la demanda colectiva contra Hayden Davis, creador del token, y otros involucrados.

La jueza federal Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, es quien instruye la causa, en la que los acreedores buscan cobrar parte de la deuda argentina a través de los fondos cripto bajo investigación. Según la documentación presentada, Davis habría declarado que actuaba como custodio de hasta 110 millones de dólares en criptoactivos, supuestamente destinados a financiar pequeñas empresas argentinas. Sin embargo, tras el colapso del token, esos fondos quedaron congelados por orden judicial.

El presidente Javier Milei, quien inicialmente promocionó el proyecto en redes sociales, fue señalado como promotor clave, aunque no figura como acusado en la causa. La Oficina Anticorrupción argentina lo desligó de responsabilidad, decisión que fue duramente cuestionada por legisladores opositores, quienes consideran insuficiente la investigación sobre su rol institucional.

En paralelo, la causa ha revelado detalles llamativos, como llamadas telefónicas sospechosas recibidas por Davis durante sus visitas a Buenos Aires y la existencia de múltiples líneas prepagas a nombre de Milei, lo que ha despertado interrogantes en la investigación local.

El caso $LIBRA se suma a una serie de litigios internacionales que enfrenta Argentina por su deuda y por la transparencia en el manejo de activos estatales. La resolución de este escándalo podría sentar precedentes sobre la ejecución de sentencias extranjeras y el uso de criptoactivos en procesos judiciales. Mientras tanto, el proceso de discovery en EE.UU. continúa, y los acreedores mantienen la expectativa de poder resarcirse con los fondos congelados, en un contexto de creciente escrutinio sobre la relación entre el sector público argentino y el mundo de las criptomonedas.