El Gobierno de Santa Cruz resolvió otorgar por resolución un aumento salarial para el personal de la Policía provincial y el Servicio Penitenciario, tras más de un mes de conflicto y negociaciones fallidas en el Consejo del Salario. La medida, anunciada por el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, eleva el salario inicial de un agente a $1.746.634 a partir de julio, posicionándolo entre los tres más altos del país. "La decisión ya está tomada. Ahora hay que volver a trabajar porque el vecino necesita de la seguridad", afirmó Prodromos, quien también confirmó descuentos salariales para quienes no se presenten a trabajar y un plus para los efectivos que mantuvieron el servicio durante el conflicto.

El jefe de Policía, comisario general Diego Agüero, advirtió que se iniciarán actuaciones administrativas y no se descartan sanciones penales para quienes persistan en las medidas de fuerza. "El servicio que se cumple es el mínimo posible", reconoció Agüero, detallando que la falta de personal operativo obligó a reorganizar la estructura policial y que algunos jefes debieron asumir tareas de oficiales de servicio.

El conflicto, que lleva más de 30 días, incluyó protestas, acampes frente a la Casa de Gobierno y cortes de calle en Río Gallegos. El Gobierno denunció hechos de violencia y daños en la Escuela de Policía durante las manifestaciones, mientras que los policías autoconvocados consideran insuficiente el aumento y mantienen sus reclamos. Según Infobae, la expectativa del sector era un salario inicial de $2.200.000 y un valor punto cercano a $4.000, cifras superiores a las propuestas oficiales.

El gobernador Claudio Vidal anunció que mantendrá reuniones con efectivos de distintas jerarquías para fortalecer el diálogo institucional y mejorar la estructura salarial. Sin embargo, la crisis policial se da en un contexto de tensiones sociales más amplias, con reclamos de otros sectores estatales y críticas de la oposición a la gestión provincial. El Ejecutivo reafirmó su voluntad de diálogo, pero exigió responsabilidad y respeto institucional para avanzar en una solución definitiva.