Un vuelo privado procedente de Miami, operado por la empresa OCP Tech y propiedad del empresario Leonardo Scatturice, generó una fuerte polémica tras su arribo al Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires el 26 de febrero de 2025. El avión, que transportaba a la ejecutiva Laura Belén Arrieta y dos tripulantes, ingresó al país con al menos 10 valijas, de las cuales solo cinco fueron declaradas oficialmente. Dos de las valijas permanecieron en tránsito dentro de la aeronave, que luego continuó viaje hacia París.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y la justicia penal económica investigan presuntas irregularidades en los controles aduaneros y migratorios. Imágenes de seguridad muestran que el grupo evitó los controles habituales de escáner y revisión de equipaje, a diferencia del resto de los pasajeros que ingresaban al país en ese momento. Según la PIA, el trato diferenciado no se debió a congestión ni a procedimientos aleatorios, sino a una decisión expresa del personal aduanero.

El piloto Juan Pablo Pinto presentó un escrito ante la justicia detallando el contenido de cada bulto, aportando comprobantes de compra y negando cualquier irregularidad. "Mi valija de vuelo contenía manuales, licencias y elementos de seguridad propios de la actividad", explicó Pinto, quien también justificó la presencia de una guitarra y otros objetos personales. El presidente Javier Milei, por su parte, desestimó la denuncia y la calificó como "una pelotudez grande como una casa", atribuyéndola a represalias políticas.

El caso ha cobrado relevancia por los vínculos de los involucrados con el gobierno y la organización CPAC, así como por contratos estatales adjudicados a las empresas de Scatturice. La investigación judicial continúa, con pedidos de nuevas pruebas y análisis de inconsistencias en los registros migratorios y aduaneros. El episodio se inscribe en un contexto de creciente demanda de transparencia y control sobre los vínculos entre el sector privado y el gobierno nacional.