El contrabando de productos en Argentina ha alcanzado niveles alarmantes, generando pérdidas fiscales estimadas en 2.300 millones de dólares durante 2025, lo que representa el 0,3% del Producto Bruto Interno nacional. Este fenómeno afecta principalmente a los sectores textil, tabacalero, electrónico y alimenticio, donde la presencia de mercadería ilegal se ha incrementado notablemente en los últimos años.

Según un relevamiento de la consultora MAP, la apertura económica y la desregulación impulsadas desde diciembre de 2023 facilitaron el ingreso de productos ilegales, debilitando los mecanismos tradicionales de control. Empresarios y sindicatos, como el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA), denuncian que la falta de recursos, tecnología y personal especializado en la Aduana ha permitido la expansión del contrabando, agravada por la caída del poder adquisitivo y los ajustes presupuestarios.

El impacto es significativo: desde el inicio del actual gobierno, cerraron 700 empresas textiles y de calzado, con la pérdida de 20.000 empleos formales. En el sector electrónico, uno de cada tres celulares activados en el país es ilegal, mientras que en el tabacalero, tres de cada diez cigarrillos no cumplen con la normativa fiscal. "Hoy la Aduana dispone de cada vez menos recursos e infraestructura para fortalecer los controles", advirtió Daniel Mallotti, titular de SUPARA.

El comercio ilegal, que antes era considerado un fenómeno menor, ahora involucra mafias transnacionales y estructuras criminales complejas. "Estamos hablando de organizaciones grandes, que son poderosas y requieren mucha tarea conjunta para combatirlas", señaló Manuel Sánchez Gómez, directivo de la Cámara Argentina de Comercio.

El Gobierno ha conformado una Mesa de Contrabando y Falsificación y ha comenzado a aplicar multas a empresas que subfacturan importaciones, pero empresarios y gremios consideran insuficientes estas medidas. En el Congreso, algunos proyectos buscan responsabilizar a las plataformas de venta online por la comercialización de productos ilegales.

El debilitamiento de los controles aduaneros y la falta de inversión en tecnología y recursos humanos son señalados como factores clave que facilitan el contrabando. Sindicatos y empresarios coinciden en la necesidad de reforzar la Aduana y proteger la industria nacional, advirtiendo sobre los riesgos económicos, sanitarios y laborales que implica la expansión del comercio ilegal.