Una tragedia sacudió al barrio San Calixto, en la zona sur de la ciudad de Salta, cuando dos adolescentes encontraron a su madre, Vanesa Guadalupe García, de 41 años, asesinada en su vivienda. A pocos metros, yacía ahorcado Aníbal Palacios, de 51 años, pareja de la víctima. El hecho, ocurrido el lunes 16 de marzo cerca de las 13:45, es investigado por la fiscalía de Femicidios como un presunto femicidio seguido de suicidio.

Según relataron testigos y fuentes policiales, los hijos de García, de 14 y 15 años, regresaban del colegio cuando se toparon con la escena. Uno de los adolescentes salió corriendo y gritó: “Mi mamá está muerta, Beto la mató”, lo que alertó a vecinos y motivó la llegada de la policía y personal del SAMEC. La vivienda fue rápidamente resguardada para preservar pruebas, mientras los cuerpos fueron trasladados al Servicio de Tanatología Forense para la autopsia.

La fiscal penal María Luján Sodero Calvet, a cargo de la Unidad de Femicidios, encabeza la investigación. Hasta el momento, la policía confirmó que no existían denuncias previas por violencia de género entre la pareja, ni antecedentes en la Oficina de Violencia Familiar. La fiscalía mantuvo una reunión con familiares de la víctima para informar sobre el avance de la causa y los derechos que les asisten como víctimas indirectas.

El caso generó fuerte impacto social y reavivó reclamos de organizaciones feministas y referentes sociales, quienes advierten sobre la persistencia de la violencia de género en la provincia y la falta de respuestas efectivas del sistema judicial. Carmen Chuchuy Juárez, del Observatorio Popular Feminista Ñawi, señaló que “muchas mujeres no denuncian porque la Justicia no hace nada” y reclamó mayor aplicación de la Ley Brisa, que otorga reparación económica a hijos de víctimas de femicidio.

En lo que va de 2026, Salta ya registra tres femicidios, mientras que en 2025 se contabilizaron seis y 21 muertes dudosas de mujeres. El caso de Vanesa García, madre de cuatro hijos, pone nuevamente en debate la necesidad de fortalecer las políticas públicas de prevención y protección ante la violencia de género. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias y responsabilidades del hecho, mientras la comunidad exige justicia y mayor acompañamiento a las víctimas y sus familias.