La industria pesquera argentina atraviesa una crisis sin precedentes, con la paralización de 113 buques congeladores y pérdidas que superan los 200 millones de dólares en exportaciones de langostino. El conflicto, que ya lleva más de cien días, enfrenta a las cámaras empresarias y a los sindicatos de marineros, capitanes y conductores navales, dejando a unos 5.000 trabajadores sin actividad y cobrando únicamente el salario básico.

El origen de la disputa radica en la negativa sindical a modificar el convenio colectivo vigente desde 2005, que establece premios por producción atados a un precio de referencia de 12 dólares por kilo de langostino, cuando el valor actual ronda los 5,5 dólares. Las empresas argumentan que el esquema actual es inviable ante la caída de precios internacionales y buscan adecuar los premios a la realidad del mercado. Sin embargo, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) rechaza cualquier rebaja salarial y exige al gobierno nacional medidas paliativas, como la reducción de impuestos y retenciones, para evitar el ajuste sobre los trabajadores.

En los últimos días, las cámaras empresarias alcanzaron un acuerdo parcial con la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, pero el diálogo con la marinería permanece estancado. Mientras tanto, marineros autoconvocados impulsan campañas para reactivar la actividad y critican la postura inflexible del SOMU, al que acusan de bloquear posibles soluciones.

El conflicto ha tenido un fuerte impacto en ciudades clave como Mar del Plata, Puerto Madryn, Puerto Deseado y Ushuaia, afectando no solo a los trabajadores embarcados, sino también a la cadena logística, productiva y comercial asociada. El Frente de Izquierda llevó el tema al Congreso, denunciando un "lockout patronal" y defendiendo los derechos laborales frente a lo que consideran un intento de flexibilización y recorte salarial.

La situación se agrava por la reciente aprobación del DNU 340/2025, que permite el ingreso de buques extranjeros al cabotaje nacional, generando nuevas tensiones entre el sector sindical y el gobierno. Por ahora, el conflicto sigue sin solución a la vista, mientras crece la presión sobre las autoridades para encontrar una salida que permita reactivar una de las principales actividades exportadoras del país.