En un contexto de creciente tensión gremial, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) lideró un paro docente masivo en la provincia de Buenos Aires, marcando el primer enfrentamiento de este tipo contra la gestión del gobernador Axel Kicillof desde su inicio en 2019. La medida, que contó con un 95% de adhesión según la FEB, fue convocada en rechazo a la última oferta salarial del gobierno provincial, considerada insuficiente por los docentes.

La propuesta del Ejecutivo incluía un aumento del 10% en dos tramos: un 6% en mayo y un 4% en julio. Según este esquema, el salario inicial de un maestro alcanzaría los $643.057 en mayo y $670.210 en julio. Sin embargo, la FEB argumentó que esta oferta no compensa la pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos meses. "El incremento no logra recomponer el importante rezago salarial que vienen sufriendo los sueldos de los docentes", afirmó Liliana Olivera, presidenta de la FEB.

El gobierno provincial, por su parte, respondió con firmeza. El ministro de Trabajo, Walter Correa, anunció que se descontará el día a los docentes que adhieran al paro, mientras que el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, minimizó la representatividad de la FEB, calificándola como "no representativa ni mucho menos" del sector educativo. Esta postura refleja un cambio en la dinámica de diálogo que había caracterizado la relación entre el Ejecutivo y los gremios docentes en años anteriores.

El paro también evidenció divisiones dentro del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). Mientras que la FEB lideró la protesta, otros gremios como SUTEBA aceptaron la oferta salarial. Sin embargo, sectores disidentes de SUTEBA, como la lista Multicolor, se sumaron al paro, mostrando fisuras internas en el movimiento gremial.

La medida de fuerza afectó significativamente el dictado de clases en la provincia. Según relevamientos en La Plata y otras regiones, más del 50% de las escuelas públicas se vieron impactadas, con niveles de adhesión que alcanzaron el 95% en algunos distritos. A pesar de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, la FEB mantuvo su postura, calificando esta medida como un intento de "cercenar el derecho a huelga".

Este conflicto se desarrolla en un contexto de alta inflación y pérdida del poder adquisitivo, que ha generado un creciente malestar entre los trabajadores de la educación. La protesta también se enmarca en una movilización nacional convocada por CTERA, que incluye un cese de actividades y una marcha al Ministerio de Economía de la Nación.

El paro docente en la provincia de Buenos Aires representa un punto de inflexión en la relación entre el gobierno de Kicillof y los gremios docentes. Con el conflicto aún abierto, las partes enfrentan el desafío de encontrar una solución que equilibre las demandas salariales con las restricciones presupuestarias, en un contexto económico y social cada vez más complejo.