La causa Cuadernos volvió a ocupar el centro de la agenda política y judicial argentina tras la declaración de Cristina Kirchner, principal imputada, en los tribunales de Comodoro Py. La expresidenta denunció ante el tribunal que enfrenta una “farsa judicial” y acusó a jueces y fiscales de llevar adelante “prácticas mafiosas” y persecución política. “Si me hubiera robado millones de dólares, no estaría acá”, afirmó Kirchner, quien también cuestionó la integridad de la investigación y la actuación de los magistrados involucrados.

El fiscal federal Carlos Stornelli, uno de los principales responsables de la investigación, rechazó las acusaciones y defendió la solidez de la causa. En declaraciones a la prensa, Stornelli sostuvo que “todas las acusaciones fueron desechadas” y que la causa cuenta con “muchísimas pruebas coincidentes”, incluyendo testimonios, peritajes y los cuadernos originales y sus copias. “No se trata solo de los cuadernos, sino de todo lo que se pudo probar a partir de ellos”, explicó el fiscal, quien fue sobreseído de las denuncias en su contra.

La causa Cuadernos investiga un presunto sistema de sobornos en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas, involucrando a exfuncionarios y empresarios. Las audiencias continuarán en los próximos días, con la declaración de figuras clave como Juan Manuel Abal Medina y Oscar Centeno, entre otros. El proceso ha generado fuertes reacciones políticas: mientras opositores como Patricia Bullrich responsabilizan a Kirchner y rechazan sus denuncias, la expresidenta insiste en que es víctima de una persecución judicial y política.

El caso se inscribe en un contexto de alta polarización y desconfianza hacia el sistema judicial. La resolución de la causa Cuadernos podría tener profundas implicancias para la política argentina y la percepción pública sobre la corrupción y la justicia.