La Cámara Federal de Casación Penal se encuentra revisando la decisión del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) que incluyó 19 bienes a nombre de Máximo y Florencia Kirchner en el decomiso ordenado tras la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. La ex presidenta fue sentenciada a seis años de prisión por administración fraudulenta, y el monto del decomiso asciende a casi 685 mil millones de pesos.

El TOF2, al ejecutar la condena, dispuso el decomiso de propiedades y parcelas ubicadas en Río Gallegos y El Calafate, algunas de las cuales están a nombre de los hijos de la ex mandataria. La defensa de Cristina Kirchner, representada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, argumentó que la resolución del 18 de noviembre pasado contradice decisiones previas y vulnera lo establecido en la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. "Se avasalla lo legalmente establecido y se extiende el decomiso a bienes lícitos de terceros, sin probar relación con el delito", sostuvieron.

Por su parte, el apoderado de Máximo y Florencia Kirchner, Luis Goldin, denunció "arbitrariedad, lesión del derecho de propiedad y del principio de inocencia y debido proceso". Según la defensa, los bienes en cuestión provienen de actos sucesorios y de cesión debidamente acreditados, y no guardan relación con los hechos juzgados.

El Tribunal concedió las apelaciones y dispuso que la Cámara de Casación resuelva si corresponde mantener la inclusión de estos bienes en el decomiso. Además, se anticipó que, en caso de un fallo adverso, la defensa recurrirá a la Corte Suprema y a organismos internacionales.

El caso, que involucra a otros condenados como Lázaro Báez y ex funcionarios de Vialidad Nacional, es seguido de cerca por la opinión pública y sectores políticos, ya que podría sentar un precedente sobre el alcance del decomiso de bienes en causas de corrupción. La resolución final podría tener implicancias significativas en futuros procesos judiciales en Argentina.