El Gobierno argentino oficializó este miércoles el decreto 416/2025, que establece un procedimiento acelerado para la privatización de empresas y activos públicos, con el objetivo de fortalecer las reservas internacionales en un contexto de presión electoral y compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La nueva normativa determina que las operaciones de venta, concesión o subasta de activos estatales se realizarán de forma electrónica a través de las plataformas CONTRAT.AR y SUBAST.AR, según la modalidad de cada proceso. Los interesados deberán inscribirse y validarse como usuarios externos u oferentes en los sistemas correspondientes para participar en las licitaciones o remates públicos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, lidera la iniciativa y ha señalado que la venta de activos públicos es una de las principales estrategias para sumar reservas, junto con la colocación de deuda. Caputo anticipó que la concesión de las centrales hidroeléctricas del Comahue —Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila— podría generar ingresos de entre 400 y 500 millones de dólares, y que los gobiernos de Río Negro y Neuquén recibirán un canon del 1% por el uso del agua.

La lista de empresas sujetas a privatización, según la Ley Bases, incluye a Enarsa, Nucleoeléctrica, Trenes Argentinos, Intercargo y AySA, entre otras. El proceso es supervisado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y se prevé que la mayoría de las privatizaciones se concreten después de las elecciones, buscando aprovechar un contexto de mayor estabilidad política y macroeconómica.

El Gobierno ha destacado la reducción del déficit operativo de las empresas públicas en un 87% interanual y la obtención de superávit fiscal como señales de control y eficiencia. Sin embargo, analistas y consultoras advierten sobre el aumento del endeudamiento y la sostenibilidad de la estrategia, en un contexto de economía bimonetaria y escasez de dólares.

La medida ha generado reacciones diversas: mientras el oficialismo la defiende como una vía para estabilizar la economía y atraer inversiones, sectores críticos alertan sobre el impacto en el desarrollo nacional y la continuidad de las reformas. El Gobierno, por su parte, busca mostrar a potenciales inversores que las empresas públicas son rentables tras los recientes ajustes tarifarios y de gestión, en un intento por maximizar el interés y el valor de las privatizaciones.