El gobierno de Javier Milei logró esta semana la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, tras una serie de intensas negociaciones y alianzas con gobernadores y el sindicalismo. La iniciativa, considerada la primera gran batalla legislativa del oficialismo, fue posible gracias a acuerdos puntuales con mandatarios provinciales, en su mayoría peronistas, y la cúpula de la CGT, quienes optaron por la negociación antes que la confrontación directa.

El proceso estuvo marcado por la polémica incorporación y posterior retiro del artículo 44, que habilitaba descuentos salariales por licencias médicas. La medida, que generó un fuerte rechazo social y político, fue eliminada a último momento para destrabar la votación. "El rechazo social fue tal que con el correr de las horas aceptó directamente su eliminación", reconocieron fuentes parlamentarias.

En paralelo, el sindicalismo logró preservar aportes clave a las obras sociales y cuotas sindicales, aunque perdió en otros aspectos de la reforma. La CGT, que ya había realizado cuatro paros generales contra Milei, anunció que judicializará la ley en lugar de convocar nuevas medidas de fuerza inmediatas. "Vamos a judicializar toda la ley, es inconstitucional", anticipó uno de sus dirigentes.

El contexto económico y social fue determinante: el cierre de empresas como Fate y despidos en sectores industriales aumentaron la presión sobre el Congreso. El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que recaudará entre 3.000 y 5.000 millones de dólares anuales, también generó controversia por su posible uso para financiar al Tesoro y el impacto en el sistema previsional.

La estrategia del gobierno incluyó la promesa de fondos y obras públicas a provincias a cambio de apoyo legislativo, en un escenario donde la oposición se mostró fragmentada y sin liderazgo claro. Encuestas recientes reflejan un estancamiento en la imagen presidencial y un aumento de la negatividad en redes sociales, mientras la confianza del consumidor y el empleo industrial continúan en retroceso.

El futuro de la reforma dependerá de su reglamentación y de los eventuales fallos judiciales que puedan frenar su aplicación. El oficialismo, por ahora, celebra un triunfo legislativo que podría ser efímero ante la persistente conflictividad social y las dudas sobre la sostenibilidad de los acuerdos alcanzados.