Tres hombres fueron detenidos en la ciudad de Sáenz Peña, provincia de Chaco, tras ser acusados de cometer abusos sexuales y maltratos en el centro de rehabilitación de adicciones "Regreso al Padre". La investigación, a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal N° 4, se inició luego de que varios residentes y ex internos denunciaran agresiones físicas, maltratos verbales, restricciones de comunicación y condiciones inhumanas de alojamiento y alimentación.

Las denuncias, formalizadas el 18 de mayo, detallan que los internos, algunos provenientes de la provincia de Santa Fe, fueron captados mediante engaños en internet. Según los testimonios, los responsables del centro ejercían violencia física y psicológica, imponían castigos, restringían la alimentación y, en al menos dos casos, cometieron abusos sexuales. Uno de los denunciantes relató que fue obligado a realizar prácticas sexuales a cambio de comida, mientras que otro afirmó que le retuvieron la medicación para el asma, atribuyendo sus síntomas a la abstinencia.

El viernes 22 de mayo, la División Investigaciones Complejas de Sáenz Peña realizó un allanamiento en el establecimiento, donde se secuestraron equipos informáticos, documentación y registros internos. El procedimiento, que se extendió por más de cinco horas, contó con la presencia del fiscal Gustavo Valero y personal especializado en criminalística. Los tres acusados fueron detenidos y alojados en la Comisaría Sexta de la ciudad.

Durante el fin de semana, la Fiscalía ordenó un segundo allanamiento y continuó tomando testimonios a otros integrantes de la comunidad. Vecinos del barrio Puerta del Sol manifestaron su indignación, señalando que el centro operaba bajo una fachada religiosa. "Queremos que se haga justicia y que esta persona no esté en ese lugar", expresaron dos de los jóvenes denunciantes.

La causa está caratulada como "supuesto abuso sexual y lesiones". Se espera que el próximo martes los imputados sean trasladados a la fiscalía para la designación de abogados defensores y la notificación formal de la imputación. La justicia continúa recolectando pruebas y testimonios para determinar el alcance de las responsabilidades y garantizar la protección de las víctimas. El caso ha generado preocupación en la comunidad y reabre el debate sobre el control y supervisión de instituciones de rehabilitación en la región.