El Gobierno Nacional concretó la subasta de uno de los terrenos más valiosos de Bajo Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires, en una operación que generó gran expectativa tanto en el sector inmobiliario como entre los vecinos del barrio. El predio, de casi una manzana y 9.986 metros cuadrados, estaba bajo jurisdicción de la Policía Federal Argentina y fue desafectado para su venta por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

La subasta, realizada de manera virtual, atrajo a seis oferentes y culminó con la victoria de la desarrolladora Argencons, que pagó USD 46,5 millones, más del doble del precio base establecido en USD 21,3 millones. "Estamos exultantes", expresó Carlos Spina, director comercial de la compañía, quien anticipó que el proyecto será 100% residencial de alta gama, con unidades amplias y modernas amenities, bajo el nombre Quartier Residence.

La operación se enmarca en la política del Poder Ejecutivo de optimizar el uso de activos estatales, destinando los ingresos de la venta directamente al Tesoro Nacional. El terreno, delimitado por las calles Echeverría, Cazadores, Juramento y Artilleros, no posee valor patrimonial según la Comisión Nacional de Monumentos, lo que habilita su demolición o modificación para nuevos desarrollos.

La venta generó preocupación entre los vecinos, quienes realizaron un abrazo simbólico alrededor de la manzana y manifestaron su inquietud por el posible impacto en la calidad de vida y el respeto a la normativa urbana. "No estamos en contra del desarrollo, pero pedimos que se cumpla la ley", señaló Orlando, residente del barrio. Los vecinos temen que, mediante convenios urbanísticos, se autoricen excepciones al Código que permitan construcciones de mayor altura y densidad, como ha ocurrido en otros proyectos recientes.

El Ministerio de Seguridad reubicó previamente las dependencias policiales en Barracas, garantizando la continuidad de la comisaría vecinal fuera de la subasta. Mientras tanto, la Asociación Vecinos del Bajo Belgrano presentó un proyecto de ley para convertir el terreno en espacio verde público, aunque la iniciativa no prosperó en la Legislatura.

El caso refleja la tensión entre la necesidad estatal de generar recursos y la defensa de la identidad barrial, en un contexto de cambios normativos y desarrollos inmobiliarios que han transformado Bajo Belgrano en los últimos años. El futuro del predio dependerá del cumplimiento de la normativa y de la capacidad de los actores involucrados para conciliar intereses públicos y privados.