Juan Gabriel González, un hombre de 45 años, falleció el pasado 25 de diciembre en Villa Lugano tras un enfrentamiento con efectivos de la Policía de la Ciudad. El hecho, que ocurrió cerca de las 13 horas en la intersección de Chilavert y Araujo, se desencadenó luego de un llamado al 911 que alertaba sobre disturbios en el Barrio 20. Según fuentes judiciales y policiales, González murió a causa de heridas provocadas por munición múltiple, típicamente utilizada en escopetas, que le causaron lesiones en el tórax y abdomen, con hemorragia interna y externa, según confirmó la autopsia preliminar.

El operativo policial derivó en una discusión y posterior pelea cuando González intentó ingresar al pasillo donde se encontraba su vivienda. Videos difundidos en redes sociales muestran el forcejeo entre la víctima y los agentes, seguido de un disparo que resultó fatal. La pareja de González, Nelly Portillo, también resultó herida y denunció haber sido golpeada y amenazada, al igual que otros vecinos que intervinieron en el incidente. Tres personas fueron detenidas y liberadas horas después.

La investigación, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20 y la División Homicidios de la Policía Federal Argentina, busca determinar la responsabilidad de los siete policías implicados, de los cuales uno fue pasado a disponibilidad e imputado por encubrimiento. La Policía de la Ciudad entregó armas y cámaras para peritaje, y se abrió un sumario administrativo interno.

Familiares y allegados de González, junto a organizaciones sociales, realizaron una marcha en reclamo de justicia y denunciaron un nuevo caso de "gatillo fácil". La abogada de la familia, Romina Ávila, sostuvo que la víctima estaba desarmada y no representaba una amenaza al momento del disparo. El Ministerio de Seguridad porteño aseguró que se investigará el accionar policial y que no se tolerarán excesos.

El caso reaviva el debate sobre la violencia institucional y el accionar policial en barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires. La comunidad exige respuestas y mayor control sobre las fuerzas de seguridad, mientras la investigación judicial continúa para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.