El gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó una nueva propuesta salarial a los gremios estatales y docentes, que incluye un aumento del 10% en dos tramos: un 6% en mayo y un 4% en julio, calculado sobre los haberes de marzo. Además, se comprometió a reabrir las negociaciones en agosto para evaluar posibles ajustes.

La propuesta fue recibida con reacciones mixtas. Mientras que algunos gremios, como los estatales de la Ley 10.430, aceptaron la oferta, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) decidió someterla a consulta entre sus bases. Los sindicatos han señalado que los salarios actuales están por debajo de la línea de pobreza, lo que ha generado movilizaciones y protestas en varias localidades de la provincia.

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, destacó que la propuesta busca equilibrar las demandas salariales con las restricciones fiscales que enfrenta la provincia. "Estamos comprometidos con la mejora de las condiciones laborales, pero debemos considerar el impacto de la caída de la recaudación y los recortes en transferencias nacionales", afirmó López.

Por su parte, los gremios han insistido en la necesidad de un aumento que permita recuperar el poder adquisitivo perdido debido a la inflación. En este contexto, se han incluido en la propuesta puntos adicionales, como la eliminación del uso de celulares personales para funciones laborales y mejoras en las asignaciones familiares.

Sin embargo, la situación de los jubilados ha generado críticas, ya que el aumento no se reflejará en los haberes de mayo. Los sindicatos han exigido que se liquide al menos un porcentaje del incremento rechazado previamente.

En paralelo, sectores disidentes dentro de los gremios han organizado movilizaciones para exigir aumentos mayores y mejores condiciones laborales. En La Plata, cientos de docentes se concentraron frente al Ministerio de Trabajo para reclamar un salario igual a la canasta familiar y un aumento en el presupuesto educativo.

El contexto económico de la provincia sigue siendo un desafío. La aceleración de la inflación y las restricciones fiscales han complicado las negociaciones, pero el compromiso de reabrir las paritarias en agosto ofrece una oportunidad para ajustar los acuerdos según las condiciones económicas futuras.