Una mujer de 57 años fue asesinada este martes en la localidad de Buena Nueva, Guaymallén, provincia de Mendoza, en un nuevo caso de femicidio que sacudió a la comunidad. La víctima, Sandra Norma Sánchez, fue atacada por su expareja, Enzo Manuel Valdovino, durante una discusión por la división de los muebles tras la reciente separación de la pareja.

El hecho ocurrió cerca de las 16 horas en la vivienda de Sánchez, ubicada en la calle Rópolo al 6500. Según relataron testigos y fuentes policiales, Valdovino llegó al domicilio con la intención de retirar algunos muebles, acompañado por familiares. La situación se tornó violenta y, en medio de un forcejeo, el hombre tomó un cuchillo y apuñaló a Sandra en la axila izquierda. La víctima logró salir tambaleando a la vereda, donde vecinos intentaron reanimarla mientras aguardaban la llegada de la ambulancia, que demoró más de media hora. Pese a los esfuerzos, la mujer falleció en el lugar.

El agresor no intentó huir y fue detenido por la policía en el interior de la vivienda, mientras un grupo de vecinos, conmocionados por lo ocurrido, intentaron increparlo. "Ya está, no se puede hacer nada, si ya me la mandé", habría dicho Valdovino ante la mirada de los presentes. La fiscal de Homicidios, Claudia Ríos, imputó al detenido por homicidio agravado por mediar violencia de género, delito que prevé como única pena la prisión perpetua. El caso se encuentra en etapa de instrucción y la vivienda fue preservada para el trabajo de la Policía Científica y la Unidad Investigativa Departamental.

Sandra Sánchez y Enzo Valdovino habían mantenido una relación de más de una década, que terminó hace poco tiempo. El femicidio de Sánchez se suma a una preocupante estadística: ya son ocho los casos registrados en Mendoza en lo que va de 2025, superando los cinco ocurridos en todo el año anterior. Según el Observatorio "Ahora Que Sí Nos Ven", en Argentina se han registrado 165 femicidios en lo que va del año, lo que equivale a un crimen cada 36 horas. El 15% de las víctimas había realizado denuncias previas y el 10% contaba con medidas de protección judicial.

El hecho generó conmoción e impotencia entre los vecinos y reavivó el debate sobre la violencia de género en la provincia. La investigación continuará en las próximas horas con nuevas medidas ordenadas por la fiscalía, mientras la sociedad mendocina exige respuestas y acciones concretas para frenar la escalada de violencia.