El Gobierno nacional oficializó una profunda reforma de la Policía Federal Argentina (PFA) a través del decreto 383/2025, generando un fuerte debate político y jurídico. La medida, impulsada por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, redefine el perfil de la fuerza, que ahora se enfocará exclusivamente en la prevención e investigación de delitos federales y complejos, dejando de lado su histórica función en la seguridad local de la Ciudad de Buenos Aires.

El nuevo estatuto, presentado en un acto oficial, establece la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), que aspira a funcionar bajo estándares similares a los del FBI estadounidense. Además, la reforma otorga a la PFA facultades ampliadas, como la posibilidad de realizar ciberpatrullaje, requisas y detenciones sin orden judicial en determinadas circunstancias. El control interno de la fuerza también se ve modificado, con mayor injerencia del Poder Ejecutivo en la designación de autoridades y en la supervisión de la integridad institucional.

Desde el oficialismo, la reforma es presentada como una modernización necesaria para enfrentar el crimen organizado y adaptar la fuerza a los desafíos actuales. “Vamos a aprender de los mejores. Vamos a aprender de Estados Unidos. Vamos a aprender de Israel”, afirmó Milei durante la presentación, subrayando la necesidad de dotar a la PFA de herramientas modernas y eficientes.

Sin embargo, la medida fue duramente cuestionada por la oposición, especialistas en derecho constitucional y organismos de derechos humanos. Legisladores como José Glinski y Margarita Stolbizer advirtieron sobre el carácter "autoritario" de la reforma y la falta de debate parlamentario. Organizaciones como el CELS y Correpi alertaron sobre el riesgo de criminalización de la protesta social, vigilancia masiva y debilitamiento de los controles judiciales. Constitucionalistas como Andrés Gil Domínguez y Ricardo Gil Lavedra señalaron la posible inconstitucionalidad del decreto y la insuficiencia de controles sobre las nuevas facultades policiales.

El debate se da en un contexto de antecedentes de abusos policiales y condenas internacionales a la Argentina, lo que incrementa la preocupación por la protección de derechos y garantías. Mientras el Gobierno defiende la reforma como un paso clave para la seguridad, la controversia sobre su legalidad y sus implicancias en las libertades civiles promete continuar en el ámbito judicial y político.