La Legislatura de Río Negro aprobó en primera vuelta un proyecto de ley que otorga puntaje especial a docentes formados en instituciones locales o con residencia legal en la provincia. La iniciativa, impulsada por la legisladora Soraya Yauhar (Juntos Somos Río Negro), obtuvo 28 votos a favor y 13 en contra, tras un extenso debate que expuso profundas diferencias entre oficialismo, oposición y gremios docentes.

El proyecto modifica el artículo 143 del Estatuto del Personal Docente y establece que los egresados de institutos y universidades de Río Negro, así como quienes acrediten residencia legal, recibirán 4 puntos adicionales en la apertura de legajo ante las Juntas de Clasificación. Según Yauhar, la medida busca "reconocer a quienes se forman en instituciones rionegrinas y fortalecer una educación situada, vinculada al contexto de cada comunidad".

El oficialismo argumentó que la reforma responde a la caída de la matrícula escolar y a la necesidad de proteger las oportunidades laborales de los docentes locales. "Defender oportunidades para los rionegrinos no es discriminar a nadie, es cumplir con la responsabilidad que nos dieron quienes nos pusieron en estas bancas", sostuvo la legisladora Lorena Matzen.

Sin embargo, la iniciativa fue duramente cuestionada por la oposición y el gremio docente UNTER, que se manifestó en el recinto. "La docencia no es simplemente una salida laboral, requiere conocimientos sobre las particularidades sociales, económicas y culturales de la región", señaló Matzen, aunque desde la oposición advirtieron que la norma podría perjudicar a rionegrinos que debieron estudiar fuera por falta de oferta local.

El secretario adjunto de UNTER, Mauricio Ovadilla, calificó la medida de "discriminatoria" y criticó la falta de consulta al sindicato: "No le da prioridad a los docentes que egresan del sistema educativo, sino al lugar donde se formó". Además, advirtió que la reforma vulnera derechos conquistados y exige mayor participación gremial en futuras modificaciones.

El proyecto deberá atravesar una segunda vuelta legislativa antes de su sanción definitiva. Mientras tanto, el debate sobre el arraigo local y la igualdad de oportunidades en el acceso a la docencia sigue abierto en la provincia.