El Gobierno argentino ha decidido postergar la integración de la Corte Suprema de Justicia hasta después de 2027, en busca de un escenario político más favorable para imponer sus candidatos. Tras el fallido intento de avanzar con los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, la Casa Rosada optó por una tregua estratégica, evitando forzar acuerdos en el Senado que podrían resultar riesgosos.

Actualmente, la Corte Suprema funciona con tres miembros, manteniendo abiertas dos vacantes. El oficialismo calcula que, si logra la reelección en 2027, podría sumar alrededor de doce senadores propios, fortaleciendo su posición en la Cámara alta y permitiendo negociar con mayor margen la designación de jueces, el Procurador General y el Defensor General, cargos que requieren una mayoría de dos tercios.

Las decisiones judiciales quedaron concentradas en un núcleo cercano al Presidente, integrado por Karina Milei, Eduardo "Lule" Menem y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. La llegada de Mahiques reconfiguró el esquema interno y fortaleció la influencia del sector más próximo a Karina Milei.

Pese a las vacantes, el Gobierno busca mantener una relación fluida con la Corte Suprema, especialmente en un contexto donde el tribunal debe resolver causas de alto impacto político, como la Ley Bases y el DNU 70/2023. Además, el Ejecutivo monitorea múltiples amparos judiciales contra decretos vinculados a áreas como el sistema previsional del fútbol y la desregulación de sectores económicos.

Aunque la integración de la Corte quedaría congelada, el Ejecutivo planea avanzar en la cobertura de decenas de vacantes en juzgados federales y nacionales. Según estimaciones oficiales, cerca del 30% de los cargos judiciales permanecen vacantes, lo que genera demoras en la resolución de causas y obliga a recurrir a jueces subrogantes. En las próximas semanas, el Gobierno enviaría al Senado una lista con entre 30 y 40 candidatos a jueces para tribunales civiles, comerciales y penales ordinarios, facilitando su aprobación por mayoría simple.

La demora en cubrir cargos judiciales no es exclusiva de la actual administración. En la última década, distintos gobiernos enfrentaron dificultades similares para completar el mapa judicial. Mientras tanto, otras iniciativas, como la implementación del nuevo Código Procesal Penal acusatorio en Comodoro Py, también quedaron en suspenso por limitaciones operativas y resistencias internas.

En este contexto, el Gobierno parece optar por una estrategia gradual: avanzar en nombramientos menores y reformas administrativas mientras espera un escenario político más favorable para los cambios estructurales, incluida la integración completa de la Corte Suprema.