Rusia convocó este lunes al embajador argentino en Moscú, Enrique Ignacio Ferrer Vieyra, en respuesta a las recientes declaraciones de la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, quien denunció la supuesta implicancia de ciudadanos rusos en la filtración de audios grabados en la Casa Rosada. Los audios, que involucran a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, han generado un escándalo político en Argentina por presuntos esquemas de sobornos.

El Ministerio de Exteriores ruso rechazó categóricamente las acusaciones, calificándolas de "infundadas y falsas" y lamentó que su país sea mencionado negativamente en el contexto de un conflicto político interno argentino. "El deseo de ver 'espías rusos' en cada esquina es irracional y destructivo", expresó la embajada rusa en Buenos Aires, subrayando la ausencia de pruebas que respalden las afirmaciones de Bullrich.

En la convocatoria diplomática, Moscú exigió explicaciones oficiales y recordó la existencia de un tratado bilateral de asistencia legal en materia penal, que regula la cooperación entre ambos países en investigaciones judiciales. Además, advirtió que las declaraciones de la ministra argentina no contribuyen al mantenimiento de relaciones amistosas y constructivas entre ambas naciones.

Patricia Bullrich, por su parte, vinculó las filtraciones a una "impresionante maniobra de inteligencia" y sugirió la posible participación de agentes rusos, venezolanos y bolivianos, aunque también reconoció que "la grabación la pudo hacer cualquiera". El gobierno argentino obtuvo una medida cautelar para evitar la difusión de nuevos audios, mientras continúa la investigación sobre el origen y la finalidad de las grabaciones.

El episodio se produce en medio de un clima de tensión política en Argentina, marcado por denuncias de corrupción y debates sobre la seguridad y el espionaje. La reacción de Rusia, que exige una explicación detallada de las "inaceptables declaraciones" de Bullrich, añade un componente internacional a la crisis, poniendo a prueba la relación bilateral y la cooperación judicial entre ambos países.