El gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, prepara una nueva fase de ajuste fiscal que apunta directamente a las provincias. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, confirmó que tras las elecciones legislativas de octubre se buscará que los gobernadores acompañen el recorte del gasto público, con el objetivo de sostener el superávit fiscal nacional y habilitar futuras reducciones de impuestos.

“Vamos a llevar la motosierra a las provincias para que ese gasto público más pequeño implique menos impuestos para la gente”, afirmó Sturzenegger en declaraciones recientes. El funcionario detalló que, en los últimos 18 meses, el gobierno nacional logró reducir el gasto público en un 30% y eliminó 19 impuestos, incluyendo el denominado "impuesto inflacionario". Además, se eliminaron 50.000 empleos públicos, lo que generó un ahorro estimado en US$ 2.000 millones anuales.

Sin embargo, la estrategia oficial enfrenta resistencias. Gobernadores de distintos signos políticos advierten que el ajuste nacional se traslada a las provincias, especialmente en un contexto donde impuestos como Ingresos Brutos representan hasta el 70% de la recaudación local. Según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), la inversión pública cayó un 73,9% real en 2024 respecto al año anterior, mientras que las transferencias de capital a las provincias se redujeron un 94%. Esto ha paralizado obras de infraestructura, viviendas y servicios esenciales en varias jurisdicciones.

El ajuste también se refleja en recortes de remuneraciones (-6,9% interanual), subsidios a la energía (-68,5%) y al transporte (-26,2%), junto con aumentos de tarifas que promedian entre el 56% y el 61%. El oficialismo celebra que la inflación de mayo haya sido del 1,5%, atribuyéndolo al éxito del ajuste fiscal y la política de ancla cambiaria.

Sturzenegger sostiene que los recortes no afectan servicios esenciales y que el ahorro permitirá futuras bajas de impuestos, abriendo un debate sobre qué tributos reducir. Sectores como el campo, la industria, las finanzas y los sindicatos ya expresan sus preferencias. Mientras tanto, la oposición, especialmente en la provincia de Buenos Aires, rechaza la “motosierra” y defiende el gasto público como motor de desarrollo.

El futuro del ajuste dependerá de la capacidad del gobierno para alinear a los gobernadores y sostener el superávit en un contexto de vencimientos de deuda y reservas limitadas. El debate sobre el tamaño del Estado y la carga impositiva promete ser central en la agenda política y económica de los próximos meses.