El escándalo de corrupción que envuelve al PAMI y la ANSES bajo la administración de La Libertad Avanza (LLA) ha generado una ola de denuncias que sacuden al gobierno de Javier Milei. Las acusaciones incluyen extorsión, uso indebido de recursos públicos y presiones a empleados para financiar actividades partidarias.

En La Plata, Viviana Aguirre, exfuncionaria del PAMI y diputada suplente por LLA, denunció que le exigieron un aporte mensual de $1 millón y la firma de documentos ilegales. Según Aguirre, las presiones provinieron de Sebastián Pareja, armador político de LLA en la provincia de Buenos Aires, y su colaborador Juan Osaba. "Me pidieron que entregara el dinero en efectivo, en sobres, y que firmara papeles ilegales. Cuando me negué, fui despedida", afirmó Aguirre.

Las denuncias no se limitan a Buenos Aires. En Misiones, Santa Cruz y otras provincias, empleados de PAMI y ANSES reportaron retenciones salariales obligatorias de hasta el 25% de sus haberes. En Mendoza, chats filtrados revelaron cómo se repartían cargos en delegaciones del PAMI, mientras que en Santa Fe y otras regiones se identificaron irregularidades en contrataciones y manejo de recursos.

El gobierno de Javier Milei ha respondido con auditorías internas en las delegaciones del PAMI, lideradas por el ministro de Salud, Mario Lugones. Estas investigaciones han identificado contrataciones irregulares, uso indebido de recursos y desmanejos en geriátricos. Sin embargo, las tensiones internas dentro de LLA complican la respuesta oficial. "El PAMI se ha convertido en una caja negra al servicio de la política", señaló un comunicado oficial firmado por Esteban Leguizamo, director del organismo.

El impacto de estas denuncias trasciende el ámbito político. Jubilados y beneficiarios del PAMI han reportado problemas en la atención médica y en los servicios esenciales. "Lo que más me duele es que los afiliados son los que pagan", lamentó Aguirre.

El escándalo también ha expuesto divisiones internas en LLA, con facciones enfrentadas por el control de los recursos y la estructura territorial del partido. Mientras tanto, la oposición y la sociedad civil critican el uso de recursos públicos para fines partidarios, cuestionando la promesa de Milei de erradicar la corrupción.

En un año electoral, el caso podría tener implicaciones significativas para la imagen de Javier Milei y su partido. Las auditorías continúan, pero las denuncias y la falta de acción judicial generan incertidumbre sobre el futuro del PAMI y la ANSES, organismos clave en la estructura social de Argentina.