El Municipio de 25 de Mayo y la Provincia de Buenos Aires pusieron fin a un prolongado conflicto institucional al acordar el traspaso del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Ramón Carrillo a la órbita municipal. El entendimiento fue formalizado mediante la firma de un convenio entre el gobernador Axel Kicillof y el intendente Ramiro Egüen, tras meses de controversias, judicialización y tensiones políticas.

El conflicto se originó a mediados de año, cuando el intendente Egüen objetó la transferencia del CAPS por considerar que el equipamiento y los recursos no coincidían con lo prometido. La situación escaló hasta la posibilidad de un desalojo y la intervención judicial, pero finalmente se restablecieron los canales de diálogo institucional. "La cuestión se judicializó y hubo gestores de buenos oficios que acercaron las partes. Quiero agradecer al Fiscal de Estado de la provincia, al ministro Carlos Bianco y al gobernador, que buscamos una solución institucional y política", expresó Egüen en conferencia de prensa.

El acuerdo establece que el municipio asumirá la administración y gestión del CAPS, integrándolo al sistema de salud local. En el corto plazo, se prevé trasladar los consultorios externos del Hospital Unzué al CAPS para descongestionar la estructura central y optimizar recursos. Además, se proyecta una ampliación del edificio con el objetivo de convertirlo en un policlínico municipal.

Egüen aclaró que el convenio no implica una alineación política con el gobernador Kicillof, sino un acto de madurez institucional. "Con el Gobernador seguimos teniendo las mismas diferencias político-partidarias, pero nos enfocamos en el rol institucional que cada uno tenemos para trabajar por el bien de los veinticinqueños", afirmó. El intendente también lamentó que sectores kirchneristas locales interpreten el acuerdo como un cambio de alineamiento político.

El caso del CAPS Ramón Carrillo se convierte así en un ejemplo de cooperación pragmática en la gestión pública, priorizando la salud y el bienestar de la comunidad por encima de las diferencias partidarias. El acuerdo es visto por medios locales como un avance hacia una institucionalidad más funcional y menos confrontativa, en un contexto político provincial marcado por la polarización. Se espera que la experiencia siente un precedente para futuras negociaciones entre distintos niveles de gobierno en la provincia de Buenos Aires.