La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este jueves, tras un extenso debate, la media sanción a un proyecto de reforma del Código Procesal Laboral que busca reducir la litigiosidad y agilizar los procesos judiciales en la provincia. La iniciativa, impulsada por el oficialismo y respaldada por sectores empresariales, introduce cambios significativos en la tramitación de juicios laborales, especialmente en lo relativo a las pericias médicas y la acumulación de demandas.

Entre los puntos centrales de la reforma se destaca la creación de un Cuerpo Especializado de Peritos Médicos dependiente del Poder Judicial, cuyos integrantes serán designados por concurso y percibirán honorarios fijos, desvinculados de la gravedad del caso. Esta medida apunta a evitar incentivos para inflar el grado de incapacidad en las pericias y a fortalecer la transparencia del sistema. Además, se establece la obligación de agotar la vía administrativa ante las Comisiones Médicas antes de recurrir a la Justicia, y se fijan topes a los honorarios periciales, que no podrán superar los cinco jus.

El proyecto también prevé la unificación de demandas derivadas de un mismo accidente o enfermedad profesional, con el objetivo de evitar la multiplicación de juicios y reducir la carga sobre el sistema judicial. Asimismo, se otorgan nuevas funciones al Observatorio del Sistema de Comisiones Médicas, que deberá auditar plazos, sistematizar estadísticas y emitir recomendaciones para mejorar la calidad y transparencia del sistema.

La votación en Diputados fue dividida: 32 legisladores votaron a favor y 14 en contra. El oficialismo, junto a bloques aliados, defendió la reforma como un paso necesario para modernizar el fuero laboral y mejorar la competitividad de las empresas, mientras que el justicialismo y la izquierda expresaron su rechazo, advirtiendo sobre posibles riesgos de inconstitucionalidad y reducción de garantías para los trabajadores.

Desde el sector empresarial, la Red de Instituciones por la Producción de Rosario y otras entidades manifestaron su apoyo a la iniciativa, argumentando que la alta litigiosidad genera costos e incertidumbre que afectan la competitividad y el empleo formal. Por su parte, los impulsores del proyecto subrayaron que la reforma no implica una reducción de derechos laborales, sino un ordenamiento del sistema para hacerlo más eficiente y previsible.

El proyecto ahora deberá ser debatido en el Senado provincial, donde se espera que continúe la discusión sobre el equilibrio entre la protección de los derechos de los trabajadores y la necesidad de un sistema judicial más ágil y menos costoso para las empresas. La experiencia de otras provincias, como Río Negro y Salta, que implementaron reformas similares con resultados positivos, es citada como antecedente relevante en el debate santafesino.