El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto adjudicó un contrato por $114.044.133 a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) para la capacitación en inglés de su personal. La particularidad del caso radica en que la AACI es dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Esta situación activó el protocolo de integridad previsto en el Decreto 202/2017, que exige la intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) ante posibles conflictos de interés.

Según los documentos oficiales, la propuesta fue presentada por la propia Rouillet y la adjudicación quedó formalizada mediante la Disposición DI-2026-06694033-APN-SSCYAE#MRE. El contrato, con una duración inicial de nueve meses y opción de prórroga, contempla la capacitación de 132 agentes a través de cursos presenciales, talleres y tests de nivelación, además de la provisión de materiales de editoriales internacionales como Oxford y Cambridge. Las clases se dictarán en la sede de la AACI en Retiro, Ciudad de Buenos Aires.

El proceso de contratación se realizó bajo la modalidad de Adjudicación Simple por Especialidad, figura que permite la selección directa de un proveedor cuando se considera que es el único capaz de garantizar la continuidad del programa. En este caso, la AACI fue la única oferente. Como mecanismo adicional de transparencia, se firmó un Pacto de Integridad, un acuerdo formal que compromete a ambas partes a evitar beneficios indebidos y garantizar la transparencia del proceso.

El esquema de pagos prevé un adelanto del 40% del monto total, con el resto a abonarse en dos tramos del 30%, sujetos a la presentación de resultados intermedios y finales. En 2024, la Cancillería ya había contratado a la AACI por más de $55 millones, aunque en ese expediente no se publicó un Pacto de Integridad ni se hizo pública la documentación completa.

Hasta el momento, ni el ministro Sturzenegger ni la Cancillería han emitido declaraciones oficiales sobre el vínculo familiar ni sobre los detalles de la adjudicación. El caso ha generado debate sobre la transparencia y los controles en las contrataciones estatales, especialmente cuando existen vínculos personales entre funcionarios y proveedores. La inclusión del Pacto de Integridad y la intervención de los organismos de control buscan dar garantías sobre la legalidad y transparencia del proceso, aunque persisten interrogantes en la opinión pública sobre la suficiencia de estos mecanismos.