El intendente de Plottier, Luis Bertolini, enfrenta una investigación judicial por presuntas irregularidades en el ejercicio de la función pública. La causa, iniciada tras una denuncia presentada en enero de 2026, motivó ocho allanamientos simultáneos en Plottier, Neuquén y Cipolletti, autorizados por la jueza Carina Álvarez. Los procedimientos incluyeron la sede municipal y el domicilio particular del jefe comunal, con el objetivo de secuestrar documentación relevante para la causa.

El fiscal jefe de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli, explicó que la investigación se centra en dos hechos principales: la exención del pago de tasas municipales a propietarios del barrio privado Los Canales, y la contratación de la empresa Valco para obras públicas. Según la fiscalía, la exención fue otorgada mediante el decreto 646/25, una facultad que corresponde al Concejo Deliberante y no al Ejecutivo local. "Entendemos, en principio, que podría configurarse un abuso de autoridad, porque el intendente no tiene facultades para otorgar este tipo de exenciones", señaló Vignaroli.

El segundo eje de la investigación apunta a la empresa Valco, que habría facturado cerca de 200 millones de pesos en obras públicas. La firma está vinculada a familiares de la subsecretaria de Hacienda municipal y, según la fiscalía, carecía de CUIT habilitado. "Buscaban un mecanismo de facturación para ocultar el vínculo de uno de los socios de Valco con la subsecretaria de Hacienda", afirmó el fiscal jefe.

La situación ha generado preocupación en el Concejo Deliberante de Plottier, donde se analiza el procedimiento a seguir en caso de que Bertolini sea imputado. La Carta Orgánica Municipal establece que, ante la suspensión del intendente, la presidencia del Concejo Deliberante debe asumir el Ejecutivo. Sin embargo, existen interpretaciones divergentes entre los concejales sobre la aplicación de esta norma.

El caso se da en un contexto de antecedentes recientes de corrupción en la gestión municipal, ya que Bertolini fue funcionario de la ex intendenta Gloria Ruiz, destituida por hechos similares. La investigación, aún en etapa inicial, podría ampliarse a otros funcionarios. El fiscal Vignaroli aseguró que el proceso judicial seguirá su curso sin importar los cargos jerárquicos y que los resultados dependerán del análisis exhaustivo de la documentación secuestrada.