Los gremios marítimos y fluviales de Argentina iniciaron este miércoles un paro total de 48 horas que paraliza la actividad en todos los puertos del país, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. La medida, que afecta exportaciones, cruceros y la industria pesquera, fue convocada por la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF) y cuenta con la adhesión de sindicatos clave como SICONARA y el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales.

El eje del conflicto es la exclusión del personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo, establecida en el artículo 1 del proyecto oficial. Según los gremios, esta modificación representa un "retroceso significativo en materia de derechos laborales" y abre la puerta a la precarización y la inestabilidad en el sector. "No nos dejan ni el 14 bis", advirtió Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones, en referencia a los derechos constitucionales de los trabajadores.

Durante la protesta, remolcadores, buques tanque, portacontenedores, pesqueros y embarcaciones de turismo deben permanecer fondeados o en puerto, con solo guardias mínimas de seguridad para atender emergencias. El paro obliga a reprogramar zarpes, descargas y turnos de planta, generando costos logísticos y afectando la cadena productiva, especialmente en la pesca de productos perecederos.

El sector pesquero, en particular, enfrenta incertidumbre, ya que la reforma lo deja bajo la Ley de Navegación, dificultando la negociación de convenios colectivos y generando temor a la "monotributización" de la actividad. Pablo Trueba, secretario general del SIMAPE, señaló que "la anarquía que propone la nueva ley perjudica a trabajadores y empresarios" y advirtió que los convenios colectivos deberán renovarse en un año, bajo condiciones más restrictivas.

Los gremios no descartan profundizar el plan de lucha con huelgas por tiempo indeterminado si el Congreso no modifica el proyecto. Mientras tanto, el Gobierno defiende la reforma como una herramienta para modernizar el mercado laboral y mejorar la competitividad, aunque enfrenta una fuerte resistencia sindical y preocupación por el impacto social de los cambios.

El paro, que se extenderá hasta la medianoche del jueves, marca un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno y los trabajadores marítimos, y pone en evidencia la tensión entre la búsqueda de reformas estructurales y la defensa de derechos laborales históricos. El desenlace dependerá de la evolución del debate legislativo y de la capacidad de diálogo entre las partes.