La situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner ha alcanzado un punto crítico tras la confirmación de su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por corrupción en la causa Vialidad. La Corte Suprema ratificó el fallo, dejando a la ex presidenta sin instancias de apelación en el país y abriendo un debate sobre las condiciones de cumplimiento de la pena.

En este contexto, la Justicia evalúa concederle la prisión domiciliaria bajo un régimen de restricciones reducidas. Según fuentes judiciales, la principal limitación sería la libertad ambulatoria, permitiéndole a Kirchner permanecer en su domicilio, pero sin restringir su acceso a redes sociales o medios de comunicación. El tribunal a cargo, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, espera el dictamen de los fiscales antes de tomar una decisión definitiva.

El domicilio propuesto por la ex presidenta, un departamento en el barrio de Constitución, está siendo evaluado por cuestiones de seguridad y logística. El Ministerio de Seguridad ha sugerido considerar alternativas para evitar posibles conflictos sociales, dado que la zona ya ha sido foco de movilizaciones y manifestaciones de apoyo a Kirchner. Se prevé una masiva movilización de militantes para acompañarla en su presentación ante los tribunales de Comodoro Py.

La condena ha generado un fuerte impacto en el escenario político argentino. Dentro del peronismo, la inhabilitación de Kirchner ha abierto interrogantes sobre el futuro liderazgo del partido y la estrategia electoral de cara a los próximos comicios. Mientras tanto, sectores afines a la ex presidenta consideran que, aun bajo arresto domiciliario, podrá mantener influencia política y comunicacional.

El caso también ha tenido repercusión internacional. Líderes y gobiernos de la región, como Lula da Silva en Brasil y Claudia Sheinbaum en México, han expresado su apoyo a Kirchner y cuestionado el proceso judicial. Organizaciones como el Grupo de Puebla preparan acciones ante organismos internacionales, mientras el gobierno argentino observa con preocupación el posible costo diplomático y la reacción de socios estratégicos.

En este clima de tensión, la sociedad argentina permanece polarizada, con manifestaciones tanto de apoyo como de rechazo a la figura de Cristina Kirchner. El desenlace de la situación judicial y política de la ex presidenta será determinante para el futuro inmediato del peronismo y el panorama institucional del país.