El diputado nacional José Luis Espert se encuentra en el centro de una controversia judicial tras la presentación de una denuncia penal que lo vincula con el empresario argentino Antonio Fred Machado, acusado de narcotráfico y lavado de dinero. Según documentación obtenida por la Justicia de Estados Unidos y registros contables reservados, Espert habría recibido un giro de 200.000 dólares de Machado el 1 de febrero de 2020, en el marco de una relación que se remonta a 2019, cuando Machado apoyó la campaña presidencial de Espert.

La denuncia, impulsada por el dirigente y abogado Juan Grabois, sostiene que Espert figura como "cómplice" en la contabilidad secreta de la organización criminal liderada por Machado. El empresario, detenido desde abril de 2021 y a la espera de extradición a territorio norteamericano, enfrenta cargos de conspiración para producir y distribuir cocaína, fraude y lavado de dinero. Su exsocia, Debora Lynn Mercer-Erwin, ya fue condenada a 16 años de prisión por su participación en la estructura delictiva internacional.

El vínculo entre Espert y Machado quedó registrado públicamente en 2019, cuando el entonces candidato presidencial agradeció el apoyo de Machado en la presentación de su libro en Viedma, provincia de Río Negro. Investigaciones periodísticas posteriores revelaron que el pacto incluyó solicitudes de financiamiento por parte de Espert y el uso de aviones privados pertenecientes a Machado. La denuncia judicial destaca que el patrimonio de Espert se incrementó en un 789% entre 2022 y 2024, pasando de 29 millones a más de 261 millones de pesos, un crecimiento considerado desproporcionado respecto a sus ingresos declarados.

El esquema de lavado de dinero atribuido a Machado replicó mecanismos utilizados previamente en Centroamérica, involucrando la adquisición de aviones y transferencias a empresas controladas por la organización. Actualmente, Machado reside bajo arresto domiciliario en Río Negro, y su abogado, Francisco Oneto, también representa al presidente Javier Milei en otro proceso judicial.

La denuncia presentada por Grabois y la documentación aportada por la fiscalía estadounidense han reavivado el debate sobre la transparencia en el financiamiento político y la posible infiltración de estructuras delictivas en campañas electorales argentinas. El caso sigue en desarrollo, a la espera de nuevas definiciones judiciales y posibles repercusiones políticas.